La responsabilidad en los crímenes cometidos, tanto en el caso de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, así como de los campesinos de la comunidad de Caraqueño y de agricultores en Pativilca, admitió el exasesor de Alberto Fujimori, quien solicitó la culminación anticipada del juicio aceptando las imputaciones de la Fiscalía.
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La decisión pone en una situación comprometida al expresidente Alberto Fujimori, quien sigue pregonando su inocencia, como sucedió en los casos en los que ya fue juzgado y que terminó con su condena de 25 años, que cumplió en parte en el Fundo Barbadillo, y hoy goza de libertad por el indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski.
La decisión de Vladimiro Montesinos, tiene sentido y está de acuerdo a la legislación peruana. Al aceptar su culpabilidad, la pena de 25 años solicitada por la fiscalía, se puede reducir a 17 años. A esto se debe tomar en cuenta, y ya lo pidió su abogado, que se considere los 22 años que cumplió de prisión efectiva, por lo que su condena ya estaría saldada.
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A quien no favorece la decisión de Vladimiro Montesinos, es al dictador peruano. En la denuncia fiscal, ambos son considerados responsables mediáticos de los delitos de desaparición forzada de personas y ejecución extrajudicial, ambos crímenes cometidos con conocimientos y bajo su mandato.
Si Fujimori hubiera utilizado el mismo mecanismo de Vladimiro Montesinos, la sentencia de 25 años de prisión podría haberse reducido a 17, los que debería cumplirlos en prisión, es decir retornar a la cárcel de Barbadillo. El indulto le permitió obtener su libertad a los 14 años de prisión, y le faltarían, en el mejor de los casos tres años.
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Por esa razón Fujimori ha insistido en señalar su inocencia, pese a que debe enfrentar un juicio largo, y costoso, tanto para el estado como para el propio Fujimori, en el que debe enfrentar las denuncias de la parte civil, la presencia de testigos y los informes sobre los casos La Cantuta, Pativilca y Caraqueño. Y la sentencia, de acuerdo a la denuncia fiscal, sería de 25 años de prisión.
El caso la Cantuta es el más conocidos. Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados de la residencia universitaria, ejecutados extrajudicialmente e incinerados sus restos. Finalmente se conoció la verdad. El grupo Colina, un aparato formado por Montesinos con el aval de Fujimori, tenía como misión la ejecución extrajudicial de personas sospechosas de pertenecer a sendero luminoso y de enemigos del régimen fujimorista.
