Pese al anuncio realizado el pasado 13 de abril por la presidenta Dina Boluarte sobre la elaboración de un proyecto de ley para expulsar a empresas extranjeras involucradas en corrupción, hasta la fecha no se ha presentado ninguna iniciativa concreta ante el Congreso.
Durante un acto público en Chosica, Boluarte aseguró que dicha norma sería elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que buscaría impedir que compañías corruptas, tanto nacionales como extranjeras, continúen operando en el país, incluso si intentan hacerlo bajo un nuevo nombre. También instó al Parlamento a priorizar su debate una vez recibido.
Sin embargo, a más de una semana del anuncio, no se ha hecho público ningún documento oficial por parte del Ejecutivo ni del Ministerio de Justicia. Tampoco se ha informado sobre avances concretos en su elaboración.
En paralelo, en el Congreso, una propuesta de corte similar —presentada por el parlamentario Jorge Zevallos (Renovación Popular)— permanece sin debate desde el 4 de marzo en la Comisión de Economía. La iniciativa plantea prohibir que empresas que hayan demandado al Estado, como Novonor (exOdebrecht), puedan volver a contratar con él.
Dicha comisión es presidida por el congresista Ilich López, quien afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción y aún no ha incluido la propuesta en su agenda. El caso toma relevancia en medio de las negociaciones de Novonor para extender su contrato en el proyecto Olmos, cuyo vencimiento está previsto para setiembre de este año.
Este miércoles se espera una reunión en la región Lambayeque con participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Proinversión, en la que se abordaría el futuro de dicho contrato.
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