En un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las mujeres, la Defensoría del Pueblo ha levantado la voz. Wiber Jossef Vega Mendoza, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, reveló que en menos de dos meses se han registrado cinco muertes violentas de mujeres, algunas ya tipificadas como feminicidios y otras aún bajo investigación, pero con señales claras de violencia de género.
“Las cifras por feminicidio en Ayacucho son alarmantes, son preocupantes. Tenemos cinco casos que enlutan a nuestra región”, afirmó Vega en entrevista con Jornada.
Entre los casos más graves está el de Sandra Quispe Mucha, una joven de 26 años asesinada en Tambo La Mar desde una mototaxi. La Defensoría está dando seguimiento al caso, actualmente en manos de la Fiscalía Penal de La Mar y la Divincri.
Otro caso es el de Lucía Gabriela Bravo López, psicóloga, cuyo presunto agresor continúa prófugo.
“No hay requisitoria ni orden de captura. Si un policía lo ve, no tiene ninguna instrucción para detenerlo”, denunció Vega. Esta omisión ha generado indignación entre la ciudadanía y la Defensoría exige una acción inmediata.
A esto se suma el crimen de Olga Huamán Sulca, de 23 años, cuyo cuerpo fue descuartizado. Dos presuntos implicados se encuentran con detención preliminar mientras se solicita prisión preventiva. También está el caso de Felipa Chipana, viuda de Quispe, una anciana de 85 años, inicialmente calificado como homicidio, pero que, tras la necropsia y presión de comités de autodefensa, está siendo investigado como feminicidio. El principal sospechoso sería su propio hijo.
“Instamos a la Policía Nacional y al Ministerio Público a actuar con celeridad. No puede ser que se esperen fiestas o se evite pronunciarse por temor a incomodar”, enfatizó el defensor, manifestando que muchos pronunciamientos oficiales recién llegaron tras la Semana Santa, desatando una ola de críticas en la población.
En cuanto a Rita Miguel Cervan, quien falleció el 12 de abril, la investigación inicial determinó que no se trató de un feminicidio, sino de un asalto y robo con subsecuente muerte.
Vega también hizo un llamado urgente a las familias:
“Tengamos comunicación permanente con nuestras hijas e hijos. Estemos atentos a sus entornos y redes sociales. Un pequeño descuido puede terminar en tragedia”.
La Defensoría del Pueblo ha enviado oficios a las instituciones responsables solicitando acceso a expedientes y carpetas fiscales, y se encuentra haciendo recomendaciones sobre el acompañamiento a las familias de las víctimas.
“Son hechos que enlutan a la región. Las autoridades deben actuar con urgencia”, advierte Wiber Jossef Vega, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho.
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