Tras el plantón realizado por los seis sindicatos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, los funcionarios de la comuna salieron a dar su versión frente a las denuncias sobre contrataciones irregulares, aumentos salariales y presunta omisión a las observaciones de la Contraloría.
La gerenta municipal, Yaneth Berrospi Huillca, sostuvo que el sindicato está en su derecho de protestar, pero recalcó que la actual gestión ya había tomado medidas para atender los cuestionamientos.
“Nosotros ya hemos tomado acciones frente a lo que se iba a venir estos dos últimos meses. Hemos atendido sus pedidos de ampliaciones, homologaciones, refrigerio, entre otros. Sí existe deuda, pero también hemos trabajado medidas de reactivación económica”, declaró.
Respecto al informe del Órgano de Control Interno (OCI) sobre la designación de 25 funcionarios sin cumplir los requisitos, Berrospi aclaró que la municipalidades remitió la documentación correspondiente dentro del plazo legal.
La funcionaria también criticó lo que calificó como desinformación dentro de los sindicatos.
“Se les envió un informe breve, pero el ente competente es la Contraloría, que aún debe pronunciarse. No se trata de un tema sancionador, sino de un control simultáneo”, agregó.
Por su parte, Daisy Pariona Huamaní, de la Unidad de Presupuesto y Planes, atribuyó la crisis financiera municipal a deudas heredadas desde gestiones anteriores.
“La situación económica viene desde el año 2014, con laudos arbitrales y sentencias judiciales que obligan al pago de beneficios laborales no previstos en el presupuesto. A esto se suma la baja transferencia de recursos del gobierno central”, explicó.
Según Pariona, el pago de pactos colectivos y beneficios como refrigerio, movilidad y bonos ha incrementado significativamente la planilla.
“La carga de remuneraciones representa más del 49 % del presupuesto institucional. Este año empezamos con 90 millones y más de 42 millones se destinan solo a planillas”, detalló.
En la misma línea, Arturo Dueñas Vallejo, de la Unidad de Recursos Humanos, indicó que las observaciones de la Contraloría fueron respondidas en el plazo establecido.
“El 23 de septiembre vencía el plazo para remitir las subsanaciones y ese mismo día enviamos la documentación respectiva. Ahora corresponde a la Contraloría emitir un nuevo pronunciamiento”, señaló.
El funcionario también descartó exceso de personal en la municipalidad. “No he podido observar a un trabajador que esté por demás, salvo que se precise de qué caso se trata”, afirmó.
Los representantes municipales reiteraron su disposición al diálogo y ayer convocaron a una reunión con la coalición sindical, con la mediación del Ministerio Público. El encuentro se tensionó cuando personal edil intentó impedir el ingreso de celulares alegando un “protocolo de alcaldía”, aunque finalmente la cita se llevó a cabo. Hasta el cierre de esta edición no hubo pronunciamiento de los sindicatos ni de las autoridades.
El pliego sindical exige la corrección de presuntas designaciones irregulares, la revisión de la escala salarial del personal CAS y el respeto al límite legal del 5 % para cargos de confianza.
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