El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho (SUTRAPOJ-Ayacucho) inició el miércoles 22 de octubre un paro de 48 horas. El gremio demanda que el Congreso de la República incluya en su agenda la discusión de dos iniciativas: el proyecto ley para la aplicación del IV tramo de la escala remunerativa, y el pase de los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
Según el secretario general del sindicato, Carlos Sierralta Espinoza, ambas propuestas ya cuentan con aprobación en comisiones legislativas, pero no fueron programadas para debate en el Pleno porque la administración del Poder Judicial no comunicó cómo serán financiadas.
Sobre la segunda demanda, el dirigente señaló que los trabajadores CAS percibe “ingresos muy ínfimos, muy por debajo de lo que gana el mínimo nivel del régimen 728”, a pesar de realizar funciones similares y de que el régimen CAS no reconoce ciertos derechos laborales. En cuanto al IV tramo, recordó que “desde 2018 no se cumple”, y que el primer escollo es la falta de decisión del Poder Judicial sobre su financiación.
Estos reclamos se inscriben en un contexto de avance institucional: en mayo de 2025, la Presidencia del Poder Judicial presentó al Congreso un proyecto de ley que propone autorizar una nueva escala remunerativa para el personal sujeto al régimen 728. En julio de 2025, la institución también expresó su saludo al dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso que permitirá la incorporación de trabajadores CAS al régimen 728. Además, documentos oficiales del Poder Judicial reconocen que su personal percibe “remuneraciones por debajo del promedio de otras instituciones del sistema de justicia”.
Sierralta admitió que el paro “lamentablemente trae como consecuencia la falta de atención en todos los servicios que prestamos como poder del Estado”, pero aseguró que una vez concluida la paralización, los trabajadores redoblarán esfuerzos para recuperar lo pendiente. El sindicato advierte que, de no obtener avances en los próximos días, las medidas de fuerza podrían prolongarse.
La clave, según el gremio, radica ahora en que el Poder Judicial defina el mecanismo de financiamiento del IV tramo y gestione eficazmente la tramitación parlamentaria del pase al régimen 728.
> El gremio del Poder Judicial estima que alrededor de 13 000 trabajadores CAS podrían verse beneficiados con el pase al régimen 728.
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