El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, mediante el cual buscaba dejar sin efecto el inicio del juicio oral que afronta por presuntos actos de corrupción vinculados a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
La defensa del exmandatario argumentó que se vulneraba el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que existían irregularidades procesales que afectaban su derecho al debido proceso. Según el recurso, Vizcarra enfrentaba el riesgo de ser sometido a procedimientos judiciales relacionados con los mismos acontecimientos bajo distintas figuras penales.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que las resoluciones cuestionadas corresponden al desarrollo regular del proceso penal y que, por sí mismas, no generan una afectación directa a la libertad personal, requisito indispensable para la procedencia de una demanda de hábeas corpus.
Los magistrados señalaron que este mecanismo constitucional está destinado a proteger la libertad individual frente a amenazas o vulneraciones concretas. En ese sentido, indicaron que las decisiones judiciales que dispusieron el enjuiciamiento y la instalación del juicio oral no implicaban ninguna restricción inmediata de la libertad del expresidente.
La resolución también recuerda que la situación jurídica de Vizcarra cambió en noviembre de 2025, cuando fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. El TC precisó que cualquier cuestionamiento relacionado con esa sentencia debe seguir primero las vías ordinarias de impugnación previstas en el sistema judicial.
El caso tiene su origen en una investigación fiscal iniciada en 2020 a partir de declaraciones de colaboradores eficaces. Según la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría recibido aproximadamente 2.3 millones de soles en sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecer la adjudicación y ejecución de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional. El proceso judicial continúa mientras las instancias correspondientes evalúan los recursos presentados por las partes involucradas.
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