La familia de Jazmín Villarroel, una joven de 20 años que perdió la vida en la provincia de Huanta, denunció públicamente la falta de resultados en el proceso administrativo disciplinario iniciado contra un docente del Instituto Superior Tecnológico Público de Huanta, a más de cinco meses de haberse formulado la denuncia ante la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA).
Según relataron los familiares a Diario Jornada, la denuncia administrativa se presentó en agosto de 2025 y, hasta la fecha, no existe un pronunciamiento final por parte de la autoridad educativa, pese a que el caso involucra la muerte de una estudiante y presuntas faltas graves a la ética docente.
“Hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. Ha pasado demasiado tiempo y se trata de una vida que se perdió”, manifestó Elizabeth, tía de la joven.
De acuerdo con la familia, en noviembre un representante técnico de la DREA les informó que el proceso continuaba y que sí se aplicaría una sanción, aunque sin precisar su naturaleza. Sin embargo, transcurridos los plazos preliminares, no se ha emitido recomendación formal, lo que ha generado preocupación entre los deudos.
Actualmente, Dany Rondinel docente investigado continúa laborando, mientras el procedimiento administrativo disciplinario permanece en su fase inicial de investigación, a cargo de la Secretaría Técnica.
El representante legal de la familia explicó que el procedimiento administrativo no aborda un hecho menor, sino la presunta relación sentimental entre un docente y una alumna bajo subordinación académica, lo que podría constituir una falta grave, conforme al Código de Ética de la Función Pública y al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil.
“La norma establece que este tipo de conductas son pasibles de destitución. El plazo de prescripción es de un año desde que la autoridad toma conocimiento del caso”, precisó el abogado.
Añadió que ya ha transcurrido cerca de la mitad de ese plazo sin que se emita una recomendación administrativa, pese a que se han incorporado elementos del proceso penal en curso, donde se investiga la muerte de la joven y presuntos actos de hostigamiento.
La defensa subrayó que la investigación no solo afecta a una familia, sino que compromete la confianza de la comunidad educativa, al tratarse de presuntas conductas reiteradas con estudiantes.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha informado en reportes previos que cada año se registran cientos de procesos administrativos disciplinarios contra docentes, muchos de ellos vinculados a faltas éticas, hostigamiento o relaciones indebidas, lo que ha llevado a sanciones que van desde suspensiones hasta destituciones definitivas. Estos casos evidencian la necesidad de respuestas oportunas por parte de las instancias administrativas para evitar la impunidad y proteger a los estudiantes.
Los familiares de Jazmín Villarroel sostienen que no solicitan un trato especial, sino una decisión dentro del marco legal y en plazos razonables.
“Solo pedimos que se aplique la sanción que corresponde y que el caso no quede sin respuesta”, expresaron.
Mientras el proceso administrativo sigue su curso y la investigación penal continúa, la familia insiste en que la demora institucional mantiene abierta una herida y deja sin esclarecer completamente un caso que terminó con la vida de una joven ayacuchana.
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