La presidenta de la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos (Asfah) de Ayacucho, Yobana Mendoza, denunció que la marcha de sacrificio «Uyariy», realizada desde distintas regiones del país hacia Lima, fue objeto de seguimientos e intervenciones policiales constantes, a pesar de que la organización contaba con permisos y documentación en regla.
Según el balance presentado tras la culminación de la movilización, las delegaciones regionales iniciaron el recorrido con autorizaciones municipales y con un vehículo de apoyo que cumplía los requisitos legales para el traslado de víveres y equipos logísticos. No obstante, Mendoza afirmó que desde el inicio del trayecto se registraron controles policiales reiterados, en algunos casos con conocimiento previo de la placa del vehículo que acompañaba a los manifestantes.
De acuerdo con la dirigente, estas intervenciones se intensificaron en el tramo correspondiente a San Clemente, donde el vehículo de apoyo fue rodeado por patrulleros y agentes motorizados. En ese punto, los policías habrían solicitado documentación, tomado registros fotográficos y retenido temporalmente documentos del conductor, lo que generó momentos de tensión entre los participantes de la marcha.
El balance también señala que la movilización se desarrolló de manera pacífica y caminando por los márgenes de la carretera Panamericana, en grupos reducidos, con el fin de no interrumpir el tránsito vehicular. Pese a ello, los organizadores sostienen que las acciones policiales tuvieron un carácter intimidatorio y no se limitaron a controles de rutina.
La marcha «Uyariy» congregó a representantes de Ayacucho, Andahuaylas, Huancabamba, Pichanaki, Juliaca, Cusco, Arequipa y Lima, y concluyó en la capital tras seis días de recorrido. Las organizaciones participantes indicaron que el balance de la movilización será remitido a instancias nacionales e internacionales como parte de sus demandas de justicia y garantías de no repetición.
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