Carta notarial exige rectificaciones y cuestiona hechos que constan en expedientes administrativo, en medio de señalamientos por una presunta transferencia posterior a terceros de un predio cuyo pago fue cancelado íntegramente por el Gobierno Regional de Ayacucho.
La controversia en torno a la adquisición de terrenos destinados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para el Cono Sur de Ayacucho ha escalado a un nuevo nivel. Orlando Pérez García Blásquez, uno de los involucrados en la venta de más de 25 mil metros cuadrados de terrenos ubicados en la Comunidad Campesina de Campanayocc, remitió una carta notarial en la que cuestiona la información difundida y exige sustento documental sobre hechos que, según expedientes oficiales, si habrían sido registrados.
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En la carta notarial enviada el pasado 21 de junio, a través de la Notaría Almonacid Cisneros, Pérez García Blásquez niega haber solicitado la suscripción de una adenda al Contrato N.º 107-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, suscrito el 30 de octubre de 2018 con el Gobierno Regional de Ayacucho para la venta de 2.5051 hectáreas de terreno eriazo denominado “Pedropa Yachanan”, por un monto de S/ 210 mil.
Asimismo, solicita que se acredite la existencia de la Escritura Pública de Compraventa del 6 de enero de 2020 y, en un punto relevante, niega haber suscrito la minuta correspondiente.
Caso de terreno pagado por el GORE ya está en Fiscalía Anticorrupción
Documentos oficiales contradicen su versión
Sin embargo, la documentación oficial revisada por este medio contiene información distinta a la expuesta en la carta notarial.
El 31 de octubre de 2018, apenas un día después de la firma del contrato con el Gobierno Regional, Orlando Pérez García Blásquez presentó la Carta N.º 002-2018-OPGB, mediante la cual solicitó expresamente la ampliación del plazo de entrega del predio, el pago anticipado de la compraventa y la suscripción de una adenda contractual.
Como resultado de dicho pedido, el 21 de diciembre de 2018 ambas partes suscribieron la Adenda N.º 001 al referido contrato.
Posteriormente, el Gobierno Regional emitió el Comprobante de Pago N.º 11156, mediante el cual se desembolsó S/ 179,929.81, monto depositado el 28 de diciembre de 2018 en una cuenta de ahorros del propio vendedor.
Casi dos años después, el 6 de enero de 2020, el entonces gobernador regional Carlos Rúa Carbajal y Orlando Pérez García Blásquez suscribieron la Escritura Pública de Compraventa ante el notario Mario Almonacid Cisneros, documento registrado en la Serie N.º 014713, Registro N.º 01 de Escrituras Públicas del año 2020.
Asimismo, el 13 de febrero de 2020, el Gobierno Regional canceló el saldo restante de S/ 30 mil, completando el pago total de S/ 210 mil.
Respecto a la inscripción registral, el notario Mario Almonacid Cisneros, mediante Oficio N.º 432-2025-NAC, remitido a solicitud de la Contraloría General de la República, informó que la escritura pública no fue elevada a la SUNARP debido a que dicho trámite debía realizarse a petición de parte.
El hecho más delicado
No obstante, el aspecto más sensible del caso surge tras la formalización de la compraventa y cancelación total del precio pactado.
De acuerdo con información registral y la documentación revisada por este medio, Orlando Pérez García Blásquez habría transferido posteriormente el mismo predio a terceros, pese a que este habría sido vendido previamente al Gobierno Regional de Ayacucho.
Más aún, dichos terceros habrían inscrito sus derechos en los Registros Públicos y actualmente figurarían como propietarios registrales del inmueble, además de encontrarse en posesión del terreno.
De confirmarse estos hechos, el caso podría configurar eventuales responsabilidades civiles y penales, no solo por una posible doble transferencia del inmueble, sino también por el perjuicio de un proyecto estratégico destinado a garantizar el abastecimiento de agua potable para miles de familias del Cono Sur de Ayacucho.
Cuestionamientos pendientes
La controversia plantea interrogantes que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes :
1. ¿Por qué el Gobierno Regional de Ayacucho adquirió un predio que no estaba inscrito a nombre del postor al suscribir el contrato administrativo de compraventa y pago la totalidad del precio?
2. ¿Por qué demoraron casi dos años en suscribir la Escritura Publica de Compraventa?
3. ¿Por qué en diciembre del 2020 luego de suscrita la Escritura Pública no se registró en la SUNARP el terreno a nombre del GORE?
4. ¿Quién tenía la obligación legal de realizar dicho trámite?
5. ¿Cómo se habría permitido la inscripción posterior del mismo terreno a favor de terceros?
6. ¿Qué acciones adoptó el Gobierno Regional para proteger el patrimonio público?
7. ¿Existe responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios involucrados?
El caso, que compromete recursos públicos y la ejecución de una obra de vital importancia para la población ayacuchana, requiere una investigación urgente, objetiva e independiente por parte del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y las autoridades regionales competentes, a fin de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y evitar cualquier intento de distorsionar la información y la documentación que obra en el expediente administrativo.
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