Un caso que revela los delitos de colusión y corrupción al interior del Estado salpica al Gobierno Regional de Ayacucho. En el 2018, la entidad desembolsó S/210,000 por un terreno de 2.5 hectáreas en Campañayocc (distrito de Carmen Alto) para construir la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del proyecto Cono Sur. Sin embargo, a la fecha, el predio nunca fue inscrito a nombre del Estado; su vendedor, Orlando Pérez García Blásquez, lo volvió a vender a terceros; y la Contraloría General de la República emitió una opinión endeble y minimizadora que evade pronunciarse sobre los delitos evidentes.
Mediante el Contrato N° 107-2018-GRA-SEDE CENTRAL –OAPF, suscrito el 30 de octubre de 2018, el Gobierno Regional de Ayacucho adquiere en compra del terreno eriazo ubicado en la parcela P-05 denominada “PEDROPA YACHANAN”, en la Comunidad de Campanayocc. El vendedor fue Orlando Pérez García Blásquez.
El contrato original era claro en sus cláusulas quinta y sexta se establecía que el pago se realizaría solo después de que el terreno estuviera saneado, inscrito en SUNARP y formalizado mediante Escritura Pública. No obstante, a solicitud del propio contratista y con el aval del evaluador Abel Calderón Gonzales y del Director Regional de Asesoría Jurídica, William Trujillo Peña, se firmó la Adenda N° 001 el 21 de diciembre de 2018.
Esta modificación, lejos de proteger al Estado, eliminó las garantías y permitió el pago pese a que el terreno matriz ni siquiera estaba registrado a nombre del vendedor. De esta manera, el 27 de diciembre de 2018, la entidad giró S/179,929.81 y retuvo solo S/30,000 como “custodia” para el trámite registral.
Posteriormente, el 6 de enero de 2020, más de un año después se suscribió la Escritura Pública de compraventa entre el gobernador regional y el mismo vendedor, y el 13 de enero de 2020, se canceló la retención restante. Resultado: el contratista cobró el 100% del monto, pero el Estado jamás fue inscrito como propietario y menos se encuentra en posición.
Un informe que minimiza la gravedad
Lo más preocupante del caso no es solo la irregular gestión, sino la lamentable actuación del órgano de control. En su informe, la Contraloría General de la República califica como una mera “situación adversa” que el terreno no haya sido formalizado ante SUNARP, permitiendo que el vendedor lo revendiera a terceros, quienes hoy lo poseen con Escrituras Públicas de fecha posterior, inscritas en Registros Públicos.
Sin embargo, lejos de calificar los hechos como presuntos actos de colusión o corrupción, el informe de control incurre en una ligereza imperdonable, señala que el documento notarial sería una simple “minuta no suscrita”, cuando en realidad se trata de una Escritura Pública debidamente formalizada ante notario, con toda la validez legal.
A esto se suma que la Contraloría se limita a recomendar acciones preventivas o correctivas, eludiendo por completo pronunciarse sobre las evidentes responsabilidades penales y civiles que se desprenden de los hechos. Fuentes consultadas fueron contundentes: “Este informe parece diseñado para blanquear a los funcionarios y al vendedor, en lugar de destapar la corrupción”.
Un expediente armado sobre copias simples y sin tasación
La gravedad se profundiza al revisar el Informe No 007-2020, del 23 de enero de 2020, elaborado después de firmada la Escritura Pública. Dicho documento detalla un rosario de irregularidades en el proceso de adquisición por trato directo al advertir que no se cumplieron las exigencias legales para este tipo de compra, no existe opinión técnica sobre el terreno adquirido, no hay tasación del inmueble y el 95% del expediente está conformado por copias simples.
Hay más. El saneamiento físico-legal recién se inició en diciembre de 2019, más de un año después del contrato inicial. Pese a ello, la Contraloría nunca difundió oficialmente este informe, que apunta directamente a responsabilidades de la Oficina Regional de Administración y sus subordinados, así como de las unidades que tomaron la decisión de adquirir el terreno.
Como consecuencia de esta gestión fraudulenta, el Estado pagó S/210,000 por un terreno que hoy no le pertenece registralmente. Peor aún, Orlando Pérez García Blásquez volvió a vender el mismo predio a terceros, quienes inscribieron su compra en SUNARP y ahora lo poseen legalmente. El Gobierno Regional, en los hechos, pagó sin recibir nada a cambio.
La construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para el Cono Sur obra vital para el abastecimiento de agua potable en Ayacucho se encuentra paralizada o seriamente comprometida, afectando directamente a miles de familias.
Especialistas en derecho penal consultados fueron taxativos al advertir que los hechos investigados configuran, cuando menos, los delitos de colusión (porque los funcionarios se concertaron con el vendedor para burlar las garantías legales), negociación incompatible (por avalar un pago irregular) y estafa (por parte del vendedor, que cobró y volvió a vender el mismo bien).
Asimismo, se ha cuestionado duramente a la Contraloría General de la República por su rol “tibio, minimizador y cómplice por omisión”, al emitir un informe que evade las responsabilidades penales y civiles, y que califica como simple “minuta” lo que es una Escritura Pública con pleno valor legal.
“No puede ser que la Contraloría vea un terreno pagado por el Estado, revendido a terceros, y solo diga que ‘afectaría la finalidad pública’. Eso es encubrir la corrupción. Acá hay colusión, hay perjuicio económico y hay responsables con nombre y apellido”, sentenció un abogado especialista en control gubernamental.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo los órganos de control seguirán actuando como escudos de los corruptos en lugar de como garantes del Estado de derecho?
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