La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, enfrenta una situación crítica por el incremento de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, principalmente de los pueblos indígenas Awajún y Wampis. Entre 2024 y julio de 2026 se registraron al menos 1,253 denuncias por violencia sexual contra menores, una cifra que vuelve a poner en debate la limitada respuesta del Estado en esta zona fronteriza con Ecuador.
El caso que generó mayor atención pública ocurrió el 18 de julio, cuando una niña awajún de 7 años quedó gravemente herida tras ser víctima de violencia sexual presuntamente por parte de su padrastro, identificado como Darwin Chup Wasum, en la comunidad nativa Pantam Entsan, ubicada en el distrito de El Cenepa. El presunto agresor huyó y permanece buscado por las autoridades y miembros de la comunidad.
Dos días después, el 20 de julio, se reportó otro hecho en el distrito de Nieva. Dos soldados del servicio militar voluntario fueron denunciados por presuntos tocamientos indebidos contra dos adolescentes de 15 y 16 años dentro de la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría. Según la denuncia, los sujetos habrían ingresado de manera irregular al establecimiento y escaparon tras los pedidos de auxilio de las estudiantes.
Sin embargo, organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos advierten que estos casos forman parte de una problemática que afecta desde hace años a la provincia de Condorcanqui.
Violencia afecta principalmente a niñas y adolescentes indígenas
Los registros del Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui (CEMF) muestran un incremento sostenido de atenciones por violencia. En 2024 se registraron 370 casos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 558 denuncias, lo que representa un incremento del 51%.
Durante 2026, entre enero y mayo, se contabilizaron 250 casos, mientras que hasta julio el número llegó a 325 atenciones, evidenciando que la problemática continúa presente en la provincia.
La población más afectada corresponde a mujeres, niñas y adolescentes. En 2024, de las víctimas registradas, 324 fueron mujeres y 46 varones. En 2025, la cifra alcanzó 477 mujeres y 81 varones. Durante el presente año, de enero a mayo, se identificaron 223 víctimas mujeres y 27 varones.
Los datos también muestran que la mayoría de víctimas pertenece a los pueblos Awajún y Wampis. En 2024, de 284 víctimas identificadas, 213 correspondían a esta población indígena; en 2025, de 403 víctimas, 327 fueron Awajún y Wampis; mientras que en 2026, de 173 casos registrados, 153 corresponden a esta población.
Barreras para denunciar y acceder a justicia
La situación en Condorcanqui se agrava por las dificultades geográficas y la limitada presencia institucional. La distancia entre comunidades, la falta de transporte rápido, las barreras lingüísticas y la ausencia de servicios especializados dificultan que muchas víctimas puedan denunciar y recibir atención oportuna.
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, Rosmary Pioc, señaló que la falta de respuesta estatal mantiene a las comunidades en una situación de vulnerabilidad y cuestionó la impunidad frente a los casos de violencia sexual.
Desde la Defensoría del Pueblo en Amazonas, su representante José Luis Oblitas alertó que las víctimas enfrentan problemas para acceder a salud y justicia debido a la lejanía de los servicios públicos.
Explicó que Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui, se encuentra aproximadamente a 16 horas de Chachapoyas y que algunas comunidades requieren varios días de traslado por vía fluvial, una situación que puede retrasar la atención de emergencia.
Siete de cada diez víctimas presentan riesgo severo
Los registros analizados por el CEMF Condorcanqui evidencian que alrededor de siete de cada diez víctimas atendidas durante el periodo 2024-2026 fueron clasificadas con riesgo severo.
Además, la violencia sexual aparece como la principal modalidad de agresión registrada, por encima de la violencia física, psicológica y económica.
Las autoridades y organizaciones sociales han advertido que el subregistro continúa siendo uno de los principales desafíos, debido al temor a denunciar, la falta de acompañamiento, las barreras culturales y la limitada presencia de instituciones con capacidad de atención en lenguas indígenas.
La situación de Condorcanqui vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a justicia para niñas y adolescentes indígenas que continúan enfrentando escenarios de alta vulnerabilidad.
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