La reciente emisión del programa “Contracorriente”, del canal Willax, generó una fuerte polémica tras difundir datos personales de los hijos menores de edad de Piero Corvetto. Durante el reportaje, se mostraron en señal abierta imágenes de pasaportes, lo que encendió alertas sobre una posible vulneración de derechos fundamentales.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales advirtió que la difusión de información de menores constituye una infracción a la Ley n.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y puede acarrear sanciones administrativas. Esta normativa establece que el tratamiento de datos sensibles, especialmente de menores, requiere protección especial y prohíbe su exposición sin una justificación legal.
UN «ERROR» QUE ABRE CUESTIONAMIENTOS
Tras la emisión, el programa reconoció lo ocurrido y lo calificó como un “error material”. A través de sus redes sociales, ofreció disculpas a la familia Corvetto y aseguró haber retirado el contenido. Sin embargo, el propio conductor, Augusto Thorndike, confirmó que decidió mostrar el pasaporte deliberadamente para sustentar una investigación sobre presuntos vínculos y movimientos del funcionario.
Diversos sectores cuestionan esta explicación, ya que evidencia una decisión editorial deliberada —y no un hecho accidental— que afectó a menores sin relación directa con el caso. La omisión de datos sensibles —más allá de la fotografía— expuso información que debía mantenerse reservada.
A ello se suma una interrogante clave: ¿cómo accedió el medio a documentos oficiales como pasaportes? Estos son emitidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad adscrita al Ministerio del Interior, que hasta el cierre de esta nota no se pronunció sobre una posible filtración.
RESPONSABILIDAD Y CRÍTICAS AL DISCURSO DEL CANAL
El director del programa, Carlos Paredes, también ofreció disculpas, pero centró parte de su defensa en responsabilizar a terceros por la viralización del contenido en redes sociales. Tanto él como Thorndike sostuvieron que el mayor daño provino de quienes replicaron las imágenes.
No obstante, este argumento fue ampliamente cuestionado. Especialistas en protección de datos coinciden en que la responsabilidad inicial recae en quien difunde la información. La publicación original es la que habilita su circulación posterior, más aún cuando se trata de un medio de alcance nacional y que se emite en señal abierta.
Además, hasta el momento, entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no emitieron pronunciamiento, pese a tratarse de un caso que involucra directamente derechos de niños y adolescentes.
Más allá de las disculpas posteriores, el caso evidencia que las decisiones editoriales tienen consecuencias legales y éticas. Y en este escenario, la responsabilidad no se diluye trasladando culpas, sino asumiendo los efectos de lo que se decidió emitir.
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