La aprobación de una ampliación de plazo sin sustento técnico en una obra educativa del distrito de Chungui habría generado un perjuicio económico de 791 837 soles a la Municipalidad Distrital de Chungui, según un informe de la Contraloría General de la República.
El caso corresponde al proyecto de mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la Institución Educativa Villa Aurora, ubicada en el centro poblado del mismo nombre, en el distrito de Chungui, provincia de La Mar.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 015-2026-2-0364, la entidad aprobó una ampliación de plazo de 28 días calendario solicitada por el contratista, pese a que no se habría acreditado la existencia de las causales argumentadas, entre ellas lluvias, restricciones de acceso vehicular y desabastecimiento de materiales.
La Contraloría señaló que la solicitud tampoco consideró que, al 31 de marzo de 2022, la obra presentaba un avance superior al programado. El proyecto registraba un avance acumulado de 27 %, mientras que el cronograma establecía un 18 %, es decir, la ejecución se encontraba adelantada en 9 puntos porcentuales.
Según el informe, la ampliación de plazo permitió que no se aplicara una penalidad por mora al contratista por un monto de 750 685 soles correspondiente a retrasos posteriores al vencimiento del plazo original.
Además, la extensión del contrato generó un pago adicional por el servicio de supervisión de la obra por 41 151 soles, monto que, según el organismo de control, debía ser asumido por el contratista.
La Contraloría indicó que estas decisiones contravinieron la normativa de contrataciones públicas al otorgar beneficios contractuales sin contar con la documentación técnica que los justificara, afectando los recursos destinados a una infraestructura educativa.
Tras la auditoría, el organismo recomendó a la Municipalidad Distrital de Chungui reforzar sus mecanismos de supervisión y control de obras, además de mejorar la gestión documental y contractual de sus proyectos de inversión.
Asimismo, los hechos fueron comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe las acciones legales correspondientes.
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