Roberto Sánchez cuestiona a Cancillería por rechazar alcance del informe de la ONU

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó la posición asumida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) respecto al informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria. El dirigente afirmó que la respuesta de la Cancillería refleja una actuación «sesgada» y rechazó que se reste importancia al pronunciamiento del organismo internacional.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez señaló que el comunicado emitido por la Cancillería contradice el análisis realizado por expertos de las Naciones Unidas. En ese contexto, sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no actuó de manera imparcial al pronunciarse sobre el caso.

Las declaraciones se producen luego de que la Cancillería precisara que el informe del Grupo de Trabajo de la ONU no constituye una sentencia internacional ni tiene carácter vinculante para el Estado peruano. La institución indicó que este tipo de pronunciamientos no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes y recordó que dicho grupo es un mecanismo de supervisión orientado a promover la cooperación y el diálogo en materia de derechos humanos, mas no un tribunal internacional.

Frente a esa posición, Sánchez sostuvo que el informe de la ONU concluyó que la prisión preventiva de Pedro Castillo carece de sustento legal y recordó que el documento recomienda la liberación del exmandatario, el otorgamiento de una reparación y la investigación de los responsables de su detención.

Asimismo, el dirigente cuestionó que el documento, fechado el 4 de junio, haya sido difundido semanas después de su emisión. Según afirmó, la demora habría buscado evitar que el contenido del informe tuviera impacto en el escenario político y electoral, versión que expresó durante su conferencia de prensa.

En otro momento, Sánchez también criticó el funcionamiento del sistema de justicia peruano. Afirmó que instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación han perdido independencia, por lo que solicitó que el Estado respete los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y evalúe el contenido del pronunciamiento emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU.

Por su parte, la Cancillería mantiene que las recomendaciones del Grupo de Trabajo no generan efectos jurídicos obligatorios dentro del ordenamiento peruano y que corresponde a las autoridades nacionales adoptar las decisiones conforme al marco constitucional y legal vigente.