En los últimos seis años, el Congreso aprobó la creación de 65 universidades públicas en distintas regiones del país. Sin embargo, solo una de estas instituciones cuenta con licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), mientras que las demás permanecen en distintas etapas de implementación o aún no han iniciado ese proceso.
Información oficial del Ministerio de Educación (Minedu), obtenida mediante la Ley de Transparencia, señala que entre 2020 y junio de 2026 se promulgaron leyes para la creación de 65 universidades nacionales. De ese total, 33 cuentan con comisiones organizadoras y se encuentran en proceso de implementación, por lo que todavía no pueden admitir estudiantes, mientras que otras 31 aún no han iniciado ese procedimiento.
Según el Minedu, la mayoría de estas universidades fue creada antes de 2025 en regiones como Puno, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín, Cusco, Piura y Lima. Asimismo, la cartera reconoce que no existe un cronograma definido para la apertura de estas casas de estudio.
Pese a no encontrarse operativas, varias de las universidades creadas ya figuran con asignaciones presupuestales dentro del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) correspondiente al año 2026, aunque los montos destinados varían según cada institución.
La única universidad que culminó el proceso de implementación y obtuvo el licenciamiento institucional es la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, ubicada en la región Cajamarca.
La expansión de universidades públicas fue impulsada principalmente por iniciativas legislativas aprobadas durante los últimos años. Entre ellas destaca la Ley N.° 32461, promulgada por insistencia, mediante la cual se creó un conjunto de 20 universidades nacionales distribuidas en 15 departamentos del país. Diversos proyectos también fueron promovidos por congresistas de diferentes bancadas.
En paralelo, el Tribunal Constitucional emitió recientemente una sentencia en la que precisa que los congresistas no tienen iniciativa para crear o incrementar gasto público sin la participación del Poder Ejecutivo. El fallo establece que las propuestas legislativas que generen mayores desembolsos para el Estado deben ser coordinadas previamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque esta decisión no deja sin efecto las leyes ya aprobadas, fija un criterio para futuras iniciativas relacionadas con la creación de entidades públicas.
Sobre este escenario, el exministro de Educación Idel Vexler cuestionó la creación de universidades sin una planificación previa que garantice infraestructura, financiamiento, equipamiento y personal docente. También sostuvo que muchas de estas instituciones podrían tardar varios años en iniciar actividades debido al proceso que exige el licenciamiento institucional.
Asimismo, indicó que antes de aprobar nuevas universidades deberían realizarse estudios que determinen las necesidades productivas y sociales de cada región, con el fin de definir la oferta académica que responda a la demanda local. Añadió que otra alternativa sería fortalecer a las universidades públicas licenciadas para ampliar su cobertura mediante filiales en provincias donde exista demanda educativa.
El exministro también advirtió que varias universidades públicas licenciadas continúan enfrentando limitaciones presupuestales para infraestructura, investigación y contratación de docentes, situación que, según señaló, podría representar un desafío aún mayor para las instituciones recientemente creadas.
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