Han pasado más de dos semanas desde el brutal asesinato de Lucía Gabriela Bravo López, una joven psicóloga de 21 años, y el principal sospechoso del crimen, su expareja Erasmo Aguilar Cordero, sigue prófugo.
La inacción de las autoridades ha despertado indignación pública, especialmente porque ya existían antecedentes de violencia y medidas judiciales que prohibían al sujeto acercarse a la víctima.
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El caso ha generado una fuerte conmoción nacional, no solo por la violencia con la que fue asesinada Lucía, quien recibió un disparo en el pecho y presentaba signos de haber sido golpeada, sino también porque representa otra historia de feminicidio donde las advertencias legales fueron ignoradas.
Aguilar habría citado a Lucía el pasado 12 de abril bajo el pretexto de entregarle un perro que compartieron durante su relación. Aunque afirmó que se mudaría a Pisco y no podía llevárselo, la familia de la joven desmintió la versión, indicando que el animal ya estaba con parientes en la selva. El encuentro habría sido una trampa.
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Tras el crimen, el cuerpo de Lucía fue hallado en un descampado de Campanayocc, en Carmen Alto. Se presume que el asesino la trasladó en su propio vehículo hasta ese lugar.
Desde entonces, no se tiene rastro de Aguilar. Algunas versiones apuntan a que podría estar escondido en la zona del Vraem, donde su búsqueda no estaría siendo debidamente intensificada por las autoridades.
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Lucía había denunciado antes a su agresor. En diciembre pasado, Aguilar intentó secuestrarla en plena vía pública, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.
Pese a la gravedad del intento y las denuncias previas —incluyendo una por retención contra su voluntad en Huancayo—, el sujeto fue liberado tras una breve detención y, posteriormente, incumplió reiteradamente la orden de alejamiento emitida por el Poder Judicial.
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Jesús Bravo, padre de Lucía, alzó su voz entre lágrimas: “Esta situación no puede quedar impune. Solo pido a las autoridades que se hagan cargo y encuentren al responsable”. También señaló que existen documentos legales y denuncias previas que nunca fueron aplicados con el rigor necesario.
La familia y colectivos feministas vienen exigiendo justicia, denunciando un patrón de desprotección que se repite en los casos de violencia de género.
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