“El sector minero es muy importante para la economía de los distintos pueblos de nuestro país, por lo tanto, si no hay actividad minera evidentemente se dejarían de recibir ingresos (canon, regalías) y eso afectaría mucho más a la situación de falta de trabajo, desigualdad pobreza y analfabetismo”, detalló.
Asimismo, mencionó que la solución a los conflictos sociales no pasa por el cierre de minas sino por exigir una minería responsable, que cumpla las leyes y normas relacionadas al medio ambiente, cuidado del agua, entre otros.
En relación a los conflictos sociales, que este tipo de situaciones pueden ser aprovechados por abogados que azuzan a las comunidades campesinas para generar mayor confrontación a cambio de obtener una ganancia económica.
“Se ha infiltrado gente muy antiminera, gente que se aprovecha de estas situaciones y muchos con fines nada bien intencionados. El caso de Las Bambas en Apurímac, de los hermanos abogados (Chávez Sotelo) es muy sonado porque han sido denunciados públicamente y creo que terminará en los tribunales”, acotó.
