La Comisión de Infraestructura y Proyectos de Inversión Pública del Consejo Regional de Ayacucho evidenció deficiencias graves en la ejecución de dos importantes obras viales: el asfaltado Yanamilla–Totora (PTAR) y el camino vecinal San José–Yanta Yanta. Ambos proyectos presentan retrasos, sobrecostos y problemas técnicos que comprometen su avance y transparencia.
En el caso del asfaltado Yanamilla–Totora, el informe de fiscalización revela que, al cierre de la supervisión, el avance físico acumulado era del 37.72 % (15.8 millones de soles) y el financiero del 44.50 % (18.6 millones de soles), respecto al presupuesto total de 41.9 millones de soles. La obra presenta un retraso del 9.34 % en relación con el cronograma actualizado.
Se detectó que los cuadernos de obra están incompletos y no reflejan fielmente el desarrollo técnico ni el personal asignado. Además, los responsables de la residencia y supervisión no entregaron los informes correspondientes al periodo enero–mayo de 2024.
En paralelo, la obra del camino vecinal San José–Yanta Yanta, ubicada en el distrito de Santa Rosa (La Mar), también enfrenta serias observaciones. Su inversión total asciende a 74.2 millones de soles. El avance físico es de apenas 17.25 % (12.8 millones de soles) y el financiero del 28.43 % (21.1 millones de soles). Iniciada en octubre de 2021 con un plazo de ejecución de 690 días, la obra acumula seis ampliaciones que extendieron el plazo por 655 días adicionales. Su entrega estaba prevista para el 23 de junio de este año, pero aún no ha concluido.
La comisión señaló que esta obra fue mal formulada desde el expediente técnico inicial, elaborado por la Municipalidad Provincial de La Mar, y posteriormente mal reformulada por el Gobierno Regional.
El diseño final no cumplió con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del MTC, lo que incrementó significativamente el costo del proyecto. Además, se advierte que los trabajos habrían comenzado sin contar con la certificación ambiental exigida por ley. La empresa Química & Ecología elaboró el PAMA por 83 mil de soles, pero fue contratada fuera de plazo.
En ambos casos, se cuestiona la falta de respuesta del Ejecutivo Regional ante los requerimientos del consejo, lo cual obstaculiza la labor de fiscalización y contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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