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Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades de Ayacucho

La muerte reciente de una adolescente de 13 años durante el parto, ocurrida en otra región del país, ha reavivado la preocupación en Ayacucho por el embarazo en menores de edad y sus consecuencias, especialmente el riesgo de muerte materna.

Liz González, coordinadora del curso de vida adolescente y joven de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa), advirtió que:

“una adolescente embarazada tiene cinco veces más probabilidades de morir que una mujer adulta, debido a que su cuerpo aún no ha completado su desarrollo”.

En Ayacucho, los registros muestran una disminución progresiva, aunque todavía preocupante. En 2022 se reportaron 960 casos de embarazo en adolescentes de 12 a 17 años; en 2023 fueron 722, y en 2024 la cifra bajó a 661. Solo hasta el 30 de junio de 2025 ya se han contabilizado 346 casos.

González recalcó que “no debemos normalizar los embarazos en adolescentes, y menos aún cuando son producto de violencia sexual”. Según explicó, en menores de 14 años los casos suelen estar vinculados directamente a agresiones sexuales, mientras que en mayores de esa edad influyen la falta de información clara y la ausencia de comunicación en el hogar y la escuela.

La funcionaria precisó que las provincias con mayor incidencia son Huamanga, Huanta y La Mar, y destacó que las consecuencias de un embarazo adolescente no se limitan a la salud física:

“Además de las complicaciones médicas, muchas dejan la escuela, enfrentan desempleo y se perpetúa el círculo de la pobreza”.

Para contrarrestar esta situación, la Diresa impulsa estrategias como el paquete de atención integral al adolescente, que incluye evaluación física, tamizaje de salud mental y sesiones sobre salud sexual y reproductiva. En 2024, más de 35 mil adolescentes de la región participaron en estas intervenciones.

González insistió en que la prevención requiere la participación de múltiples sectores.

“El embarazo adolescente es un problema de salud pública que involucra a salud, educación, gobiernos locales y organizaciones sociales. Es indispensable una educación sexual integral desde inicial hasta secundaria, con contenidos adecuados para cada etapa”, enfatizó.

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