La inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes en el Perú, provocando una ola de indignación que se traduce en movilizaciones masivas en diversas regiones del país. Este 21 de marzo, Ayacucho será escenario de una marcha convocada por ciudadanos preocupados por el incremento de la delincuencia y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno. La concentración está programada para las 4:00 p.m. en la Casa del Maestro, un lugar emblemático para la población.
Richard Ortega, representante de las rondas urbanas, expresó su descontento con la situación actual.
«En nuestro país, los delincuentes nos están ganando la guerra. No solo hablamos de sicariato y extorsión, sino también de delincuentes políticos que no debemos ignorar», declaró Ortega.
Según cifras mencionadas por el activista, más de 4,100 personas han sido asesinadas durante la gestión actual de Dina Boluarte, lo que refleja una crisis profunda en materia de seguridad.
Ortega también criticó duramente al gobierno por lo que considera una falta de estrategias claras para combatir el crimen.
«No tienen políticas públicas ni planes efectivos. Solo se aferran a declarar estados de emergencia, pero eso no soluciona nada», afirmó.
Además, cuestionó al Congreso por aprobar leyes que calificó como «pro crimen» y recalcó que las recientes declaraciones de Boluarte, quien calificó estas marchas como promovidas por «caviares», son un intento de desviar la atención.
La indignación social se ha intensificado tras el asesinato del cantante conocido como «El Ruso» de Armonía 10, un hecho que ha generado reacciones inmediatas de figuras políticas y organizaciones.
Sin embargo, Ortega lamenta que no se haya mostrado el mismo nivel de preocupación ante los asesinatos diarios de policías, maestros y ciudadanos comunes.
«Parece que solo importa cuando es alguien conocido o mediático», comentó.
Por otro lado, el gobierno ha propuesto medidas como la posibilidad de implementar la pena de muerte para ciertos delitos graves. Sin embargo, expertos en derechos humanos han señalado que esta medida es inviable debido a compromisos internacionales como el Pacto de San José. Ortega calificó esta propuesta como «populista» y advirtió sobre sus posibles consecuencias:
«Hablar de pena de muerte es solo una cortina de humo para ocultar su incapacidad. Además, esto podría permitir que políticos denunciados escapen a otros países sin ser extraditados».
La movilización en Ayacucho busca ser un llamado a la acción colectiva y no tiene tinte político, según sus organizadores.
«Todos estamos convocados; esta es una lucha por la vida y contra la delincuencia. No queremos seguir lamentando asesinatos», enfatizó Ortega.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales, como el gobernador regional y el alcalde, para que asuman un rol más activo en garantizar la seguridad ciudadana.
Frente a lo que considera un sistema colapsado, Ortega instó a los ciudadanos a organizarse mediante rondas urbanas como una forma alternativa de protección.
«Mientras no haya una refundación real de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, la población debe generar su propia seguridad», afirmó.
La movilización en Ayacucho es parte de un movimiento nacional que refleja el hartazgo ciudadano ante la inseguridad y corrupción en el país. Con pancartas y consignas, los manifestantes esperan enviar un mensaje claro al gobierno.
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