Amaru (MRTA). La calificación obedecía a los actos cometidos por estos grupos, cuyos métodos buscaban imponerse a través de actos de terrorismo, como atentados, asesinatos selectivos de autoridades civiles, matanzas a poblaciones que no aceptaban sus órdenes.
Son miles de crímenes cometidos por estas organizaciones, que están detalladas en gran parte por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Sin embargo, concluido el conflicto armado interno -sólo queda un grupo de remanentes que actúan ligados al narcotráfico en el VRAEM-, el uso de la palabra “terruco” se ha extendido a todo aquel que cuestiona el modelo económico actual, a los dirigentes sindicales y populares, de manera, que incluso algunos periodistas que informan sobre actos relacionados con la corrupción de funcionarios o abusos de las fuerzas del orden, como ha sucedido en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, han sido calificados como terrucos.
Esta es una preocupación para los organismos de derechos humanos, ya que algunas personas por el simple hecho de ejercer el derecho a l protesta y a las movilizaciones exigiendo , como en el caso actual, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones adelantadas y convocatoria a una asamblea constituyente, son calificados de terrucos.
Sobre esto, Eduardo Cáceres Valdivia, investigador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) precisó que hay en la actualidad una legislación antiterrorista condenatoria, que sentencia a una pena con mayor años de prisión por actos que no corresponden al calificativo de terrorismo de acuerdo a los estándares mundiales.
Asimismo, el término “terruco” en la situación actual, no se trata de un adjetivo calificativo cualquiera, sino que este término tiene connotaciones penales, al igual que calificar a una persona de violador.
¿Qué es lo que debemos entender como peruanos y nación cuando se habla de la palabra “terruco o terruqueo” como acción?
La palabra “terruco” fue inventada a través del uso coloquial en los años más duros de la violencia política del conflicto armada interno y era un término dirigido a los “terroristas o terrucos” que comenzó a ser utilizado por las fuerzas policiales, militares e incluso por los medios de comunicación. Llamar a alguien “terruco” es llamarlo “terrorista”, esto constituye un asunto muy grave porque en el Perú existe una estricta legislación antiterrorista que implica que las personas que están incursas en este tipo de accionar son pasibles de condena de dos años de prisión y pérdida de derechos. No se trata de un adjetivo calificativo o de un exceso en la política que a veces usan palabras y calificativos e incluso insultos que lamentablemente son parte del calor político, pero llamar alguien “terruco” es igual que llamarlo violador o criminal porque tiene una connotación penal.
¿Por qué cree usted que se ha logrado familiarizar nuevamente esta palabra con la ciudadanía que categoriza a cierto grupo social que no está muy acorde al bien común?
Hay una clara intencionalidad política, que si bien se ha intensificado en estos últimos meses de esta gravísima crisis que estamos atravesando, ha sido utilizado de manera sistemática en las últimas décadas, particularmente en los últimos años en la medida en la que se han agravado una serie de conflictos sociales, especialmente en socioambientales que enfrentan a las comunidades con empresas extractivas, por ejemplo, la utilización de este calificativo esta vinculado a la voluntad política de descalificar y criminalizar la protesta social. Esta estigmatización priva de los derechos y criminaliza a la persona, esto es de acuerdo a la norma vigente en el Código Penal. Además, que hay una clara intencionalidad política que busca criminalizar la protesta social de la población frente a la violación de algunos derechos políticos fundamentales de los peruanos.
¿Qué debemos tener en cuenta como ciudadanía para poder romper esta condición que nos presentan a nivel de proceso y de ejercicio de derecho a protestar y exigir mejoras frente a esta estigmatización?
La ciudadanía debe tener claro que el uso de este adjetivo calificativo constituye a su vez un delito. Señalar a una persona o una organización y peor aún a una sociedad como “terruco” es un delito porque implica una calumnia muy grave que le pone en una situación de condición de delincuente, ya que es lo mismo decir a una persona violador o un corrupto que le ha robado al estado.
Quien ha sido aludido con este término con toda legitimidad puede denunciarlo, pero primero debe exigir una rectificación e iniciar un proceso penal porque se trata de una grave calumnia. No podemos permitir que se normalice y que no se le calibre como término de delito.
Todo esto está explicado en una pagina web que hemos elaborado desde la Asociación Pro Derechos Humanos, “Terruqueo.pe”, donde hay entrevistas a distintas personas, testimonios y herramientas prácticas para responder a este delito que se esta perpetrando contra las personas.
¿Qué otras acciones vienen realizando para hacer frente a la no normalización de este tipo de delito?
En la página web también se encuentra una solicitud de garantías personales que puede ser presentado en la subprefectura distrital del lugar donde ocurrieron los hechos y comenzar un trámite legal solicitando garantías personales porque al momento de acusar de “terruco” se le está poniendo en una condición de delincuente y más aún viendo el clima que hay en el país y las acciones que están desarrollando las fuerzas militares, policiales e incluso grupos civiles que tienen cada vez más características policiales y militares, esto lo digo en mención a que en nuestra organización cada vez más nos visitan personas pertenecientes a un grupo de “resistencia” al cual pone en riesgo la seguridad de las personas con estas acusaciones.
Además, hay una guía para iniciar una denuncia por difamación, y por último un espaciado de testimonio anónimo.
Acusar a una persona de “terruco” no es cualquier cosa y más aún calificar a Ayacucho como un nido de “terroristas”.
A través de los testimonios vamos a elaborar pequeños programas que va a estar a disposición de los medios a nivel nacional para que se socialice las experiencias. Nos comprometemos a trabajar en estos casos y respaldamos la lucha democrática que defiende derechos frente a los usurpadores.
