Casi cuatro décadas después de una de las masacres más brutales del conflicto armado interno, la Corte Suprema del Perú reconoció formalmente al Estado como tercero civil responsable en el caso Accomarca.
La decisión reactiva el proceso de reparaciones económicas a los familiares de solo 24 víctimas reconocidas, en un contexto de exclusión, negligencia estatal y ausencia de voluntad política.
En un país donde las deudas históricas rara vez se saldan, la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Accomarca representa una evidencia de la continuidad de patrones de impunidad.
El máximo tribunal declaró al Estado peruano tercero civil responsable de la masacre perpetrada el 14 de agosto de 1985 por una patrulla del Ejército en la comunidad de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. Este reconocimiento obliga al Estado a asumir el pago de reparaciones civiles a favor de 24 víctimas oficialmente reconocidas por el Poder Judicial.
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La masacre de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, entre ellas mujeres, ancianos y al menos 23 niños, fue ejecutada por efectivos del Ejército bajo el mando del entonces subteniente Telmo Hurtado, quien años después fue extraditado desde Estados Unidos y condenado por estos hechos.
La operación fue ordenada como parte del Plan Huancayocc, una supuesta acción antisubversiva en el contexto del conflicto armado interno. No obstante, los testimonios, peritajes y condenas posteriores demostraron que se trató de un crimen de lesa humanidad, ejecutado con plena conciencia de que se trataba de población civil.
“Este fallo no es una concesión del gobierno ni un gesto de buena voluntad. Es el cumplimiento obligado de una sentencia judicial”, señala Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Aunque el fallo original del Colegiado B de la Sala Penal Nacional en 2016 impuso penas de hasta 25 años a varios militares responsables, no incluyó al Estado como tercero civil responsable, pese a que existía una resolución judicial previa que así lo ordenaba. Fue necesaria una solicitud de aclaración por parte de los abogados de las víctimas y casi una década de insistencia para que la Corte Suprema finalmente corrigiera esa omisión.
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La sentencia actual dispone que el Estado, en su calidad de institución, debe asumir el pago de las reparaciones económicas correspondientes a las víctimas. Sin embargo, el proceso enfrenta nuevas trabas administrativas y políticas.
Una jerarquía legal que posterga a las víctimas de derechos humanos
Pese a la decisión judicial, la ejecución del pago enfrenta un obstáculo estructural: la ley de priorización presupuestal.
Según esta norma, promovida por el Congreso y vigente desde hace años, el Estado debe pagar primero las reparaciones derivadas de sentencias laborales; en segundo lugar, las previsionales (como las de jubilación); y solo en tercer lugar, aquellas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
“El Estado dice que no tiene dinero. El Ministerio de Defensa y el Ejército argumentan que no hay presupuesto suficiente. Lo que vemos es que todo el dinero destinado a reparaciones se agota con las sentencias laborales. Mientras tanto, los familiares de víctimas como las de Accomarca tienen que esperar décadas o cumplir requisitos indignos, como tener más de 65 años o estar en fase terminal de una enfermedad para poder cobrar”, denuncia Cano.
Aprodeh y otras organizaciones han solicitado en reiteradas ocasiones la creación de un fondo especial independiente para el pago de reparaciones a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento ningún gobierno ni bancada parlamentaria ha mostrado voluntad política para impulsarlo.
Más de 40 víctimas siguen fuera del reconocimiento judicial
A la desigualdad en la ejecución presupuestal se suma otra injusticia de fondo: de las 69 víctimas asesinadas en Accomarca, solo 24 fueron reconocidas oficialmente en el proceso judicial. Las otras 45, incluidos numerosos niños y niñas, fueron excluidas por diversos motivos procesales o por la falta de recuperación plena de los cuerpos.
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“Muchos de los cuerpos fueron desaparecidos. Después de la masacre, el propio Ejército se llevó los restos y nunca fueron entregados de manera completa. Las exhumaciones han sido tardías y en muchos casos simbólicas. Esto, sumado a los límites del sistema judicial, ha impedido que todas las víctimas sean reconocidas formalmente como tales”, explica Cano.
Ante esta exclusión, los familiares han llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde actualmente se encuentra pendiente la emisión de un informe de fondo. De ser favorable, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que abriría la puerta a un nuevo juicio internacional contra el Estado peruano por desaparición forzada y denegación de justicia.
El caso Accomarca representa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), en el que se estima que hubo más de 69 mil víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La gran mayoría eran quechuahablantes, campesinos pobres de regiones como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Hoy, a casi 40 años de esa matanza, el Estado peruano, en pleno 2025, sigue sin responder adecuadamente. La justicia ha sido lenta, la reparación parcial y el reconocimiento insuficiente. El reciente fallo de la Corte Suprema puede ser un paso importante, pero está lejos de significar la superación de la impunidad.
“Esta situación refleja una visión clasista y racista sobre quién merece justicia. Parece que el Estado solo reacciona cuando no tiene escapatoria legal. No podemos seguir permitiendo que los derechos humanos sean un asunto de tercera categoría”, concluye Cano.
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