Un conflicto de demarcación territorial que lleva varios años en conflicto y que aún no cuenta con una solución por la inoperancia de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA). A la fecha el conflicto entre las comunidades de Anchihuay y Chiquintirca tiene como saldo varios heridos y se ve muy distante una posible salida legítima.
Más de 200 comuneros de Anchihuay ingresaron a terrenos en disputa con Chiquintirca, donde se encuentran los ductos de Camisea, con el objetivo de detener los trabajos de mantenimiento que viene realizando la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras la exposición de uno de los ductos de fibra óptica
Los pobladores de la comunidad de Anchihuay alegan ser los legítimos propietarios de los terrenos, a pesar de que Chiquintirca firmó contratos con TGP hace más de 20 años durante la etapa de construcción de los ductos. Por su parte, la comunidad de Chiquintirca sostiene que posee todos los documentos legales que respaldan su derecho sobre las tierras y acusa a Anchihuay de invadir su propiedad, problemática que la entidad rectora en temas de límites territoriales que recae en la Dirección Regional de Agricultura, no resuelve.
Hasta la fecha, el GRA no ha logrado encontrar una solución al problema, a pesar de los enfrentamientos anteriores ocurridos en 2022 y septiembre de 2023, los cuales resultaron en heridos e incluso fallecidos, sigue sin resolverse. Por el contrario, la Defensoría del Pueblo advirtió la falta de capacidad operativa de la Oficina de prevención y solución de conflictos sociales para atender estos problemas.
Actualmente, las autoridades de Anchihuay están exigiendo una mesa de diálogo con la empresa TGP, a fin de conocer los contratos y planos que tengan injerencia en la zona de conflicto a fin de buscar el derecho de servidumbre; pero esta situación, evidencia que desconocen sobre los tratados firmados por las comunidades, generando conflictos.
Pobladores de Anchihuay exigen cese de actividades de TGP ante denuncias de abuso
Al respecto, el presidente de la comunidad de Anchihuay, Samuel Avalos denunció abuso por parte de la empresa TGP y efectivos policiales, que no dejan pasar a los pobladores a sus parcelas.
“Hacemos un llamado a las autoridades y entidades públicas y privadas para que nos atiendan y escuchen, para establecer la mesa de diálogo y solucionar la delimitación territorial con la comunidad de Chiquintirca y evitar más conflicto social, muertes y heridos de nuestros hermanos”, finalizó.
Al ser una zona de conflicto, la población de Anchihuay no permite que ninguna empresa intervenga en la zona para realizar el mantenimiento a los ductos que están a la intemperie y podría generar daños al medio ambiente.
