Una de las mociones de presentación corresponde a Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, quien propuso en su texto constituir una investigación respecto a los hechos de violencia que se produjeron a nivel nacional, cuyo saldo fue de más de veinticinco fallecidos en las protestas.
En dicho documento, además, se pide que en un plazo de 180 días calendarios, se indague todo lo acontecido desde el miércoles 7 de diciembre, fecha en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, lo cual significó que sea vacado por el Congreso de la República.
Fue desde entonces que la crisis política se agravó en el país, donde se iniciaron con una serie de manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el pedido del cierre del Congreso.
Ayacucho no fue la excepción, pues hasta la fecha las diferentes organizaciones sociales o dirigentes sindicales continúan promoviendo este tipo de acciones en rechazo a la designación de Bolaurte como primera mandataria.
En tanto, se sabe que desde el 16 de diciembre fueron tres las mociones que ingresaron a mesa de partes del Parlamento. Todas ellas exigen la creación de una comisión investigadora sobre muertes en protestas.
La primera fue del congresista por Ayacucho, Alex Flores Ramirez, quien en su pedido señaló que se deberá “averiguar las graves violaciones a derechos humanos en Ayacucho y a nivel nacional durante las protestas reportadas desde el 7 de diciembre de 2022 en adelante y sancionar a los responsables”.
A esta solicitud también se sumó el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el mismo que presentó la creación de esta comisión para determinar las “responsabilidades penales, civiles y administrativas por las pérdidas humanas”.
Finalmente, propuso establecer que el grupo se conforme “respetándose los principios de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso”.
