Con el pretexto de lucha contra el acoso escolar, el congreso aprobó la ley N°31902 que dispone la necesidad de integrar un profesional en psicología en cada institución educativa y autoriza el monitoreo de los estudiantes con cámaras de seguridad integrado en la institución e incluso en vehículos de transporte público, lo que se podría comprender como una medida invasiva para la libertad de los estudiantes y la ciudadanía.
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Respecto a la vigilancia a los escolares, en el artículo 2 de la presente ley, se establece que el director de la institución está facultado para instalar cámaras de video vigilancia en las zonas comunes y en el entorno de la institución educativa, pero resguardando la intimidad de las personas.
Sin embargo hay un amplio margen de interpretación respecto a las zonas en las que se puede instalar los aparatos; ya que hay mayor consenso en la población respecto a no colocar cámaras en los servicios higiénicos porque se entiende que se estaría vulnerando la intimidad; sin embargo algunos podrían considerar que instalar cámaras en un salón de clases no afecta a la intimidad de los alumnos, pero esta práctica impacta directamente en el desarrollo interpersonal de los estudiantes ya que por el temor a estar siempre observados limitan su comportamiento.
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Por más que esta medida tenga el fin de prevenir y combatir el acoso escolar, lo cierto es que también tiene un impacto directo en el desarrollo de la capacidad social de los estudiantes, pero también en la ciudadanía ya que en otro de sus artículos dispone “regular el uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transporte público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más, como instrumento de vigilancia ciudadana”.
Esta medida es similar a la que aplican países que tienen poco respeto por la libertad individual, como China, donde el exceso de videovigilancia en lugares públicos por parte del estado permite la captura de delincuentes pero también ejerce una opresión a personas disidentes con el gobierno o personas que protestan por sus derechos.
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En cuanto a los profesionales de psicología en los colegios, esta ley dispone la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada institución educativa para ayudar en la prevención y tratamiento del acoso entre alumnos; además autoriza que los psicólogos puedan realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en las instituciones educativas públicas.
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