En el Congreso se viene tramitando un proyecto de ley que “sanciona la mentira en la vida política” y penaliza a los servidores públicos elegidos por voto popular que no cumplan con su plan de gobierno; así como a los candidatos que usen la mentira como estrategia política serán sancionados con hasta 4 años de cárcel.
Se trata del proyecto de ley N° 10650, propuesto por el congresista Luis Kamiche Morante del grupo parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), medida que agrega varios artículos al Código Penal con la finalidad de crear el delito de “mentira política” y establecer sus sanciones.
La iniciativa de ley agrega el artículo 365.A al Código Penal, el cual define el delito de Mentira Política; “El candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza”
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Agrega que este delito debe tener como objetivo por parte del candidato “intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.
Con esto los candidatos políticos que mientan para agraviar a su contrincante y manipular datos con la finalidad de obtener rédito político podría tener como consecuencia hasta 4 años de cárcel.
Incumplir el plan de gobierno también será delito
Este proyecto de ley agrega el artículo 376.C al Código Penal, el cual detalla; “El funcionario público que, violando las promesas electorales contenidas en su plan de gobierno o plan de trabajo para cuya ejecución fue elegido o designado, las incumple de manera arbitraria y sin justificación alguna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.
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En este sentido los funcionarios públicos elegidos por voto popular como congresistas, alcaldes, gobernadores regionales e incluso ministros de Estado, el primer ministro y el presidente del Perú serán penalizados con hasta 4 años de cárcel si no cumplen su programa político o de trabajo.
La propuesta del congresista Luis Kamiche Morante no solo abarca a candidatos políticos o a funcionarios de alto rango, sino también a trabajadores del sector público que busquen beneficiarse propalando una mentira.
En este sentido propone agregar el artículo 376.D al Código Penal, el cual señala que el funcionario público que utilice la mentira como estrategia para distorsionar hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Con esto se amplía la aplicación de este delito al resto de servidores públicos en quienes se identifique el uso de la mentira durante su gobierno o mientras permanezca en el cargo, igualmente será sancionado con una pena máxima de 4 años de prisión.
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¿Cómo justifica la medida?
El parlamentario del partido político de César Acuña, señala en la justificación de la norma; “La racionalidad política nos conduce a afirmar que la mentira y la política deben ser esencialmente incompatibles, la mentira política genera desconfianza, constituye una amenaza existencial para la democracia y daña profundamente a la sociedad”.
En esta línea presenta los casos de la presidenta Dina Boluarte, quien en diversos sondeos estadísticos es la mandataria con menor aprobación y con niveles excesivos de desaprobación; así el congresista afirma que escándalos como el de los Rólex genera rechazo en la población y se contempla dentro del delito de mentira política.
El congresista muestra abierta oposición a la mentira en la política, pero aclara; “si bien es cierto que no existen datos que evidencien la relación directa entre el uso de la mentira política y la situación política; esta contribuye al deterioro de la misma”.
Es decir, el parlamentario sabe que no hay relación entre la mentira política y la desconfianza de la población hacia su autoridad; sin embargo, dice estar seguro de que las mentiras en la política contribuyen en el deterioro de la situación política.
Nota:
Este artículo se basa en información oficial del proyecto de ley N° 10650.
Enlace 1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjcyMzI1/pdf
