La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República convocará a una nueva mesa de trabajo para continuar el debate sobre el Decreto de Urgencia que dispone medidas de reorganización en Petroperú, luego de que altos funcionarios del Ejecutivo no asistieran a la sesión realizada este jueves 8 de enero.
La presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Katy Ugarte Mamani (Juntos por el Perú), informó que para la próxima reunión se espera la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el presidente de Petroperú, Luis Canales; los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, así como un representante de Osinergmin. La fecha de la nueva convocatoria aún no ha sido confirmada.
La sesión, denominada “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, se desarrolló pasadas las 10:00 de la mañana y contó con la participación de representantes de los trabajadores de la empresa estatal, la Defensoría del Pueblo, congresistas de distintas bancadas y especialistas en el sector energético.
Durante la reunión, Ugarte Mamani señaló que la comisión recibió documentos enviados por los funcionarios citados, en los que explican su inasistencia y solicitan una reprogramación. Asimismo, indicó que recibió una llamada telefónica del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, quien expresó su disposición a participar en una próxima mesa de trabajo.
“Están dispuestos a realizar la mesa de trabajo, pero nos piden más tiempo. Estaremos en coordinación para poder concretar una nueva sesión con la presencia de todos los invitados”, manifestó la parlamentaria ante los asistentes.
En el debate, congresistas de diversas bancadas expusieron posiciones distintas respecto a Petroperú y al Decreto de Urgencia 010-2025 emitido por el Ejecutivo. Ugarte Mamani advirtió que, desde la perspectiva de la comisión, no existen garantías claras de que las medidas adoptadas no afecten a los consumidores.
“La pregunta central es si con estas decisiones se puede asegurar que los consumidores no serán perjudicados, ya sea por alzas de precios, menor control del mercado o pérdida del rol regulador que hoy cumple Petroperú”, señaló.
Por su parte, la congresista Ronsagella Barbarán, de Fuerza Popular, sostuvo que el decreto no busca la privatización de la empresa estatal, sino su reorganización. No obstante, coincidió en la necesidad de priorizar la protección de los consumidores y evitar impactos negativos para la ciudadanía.
La comisión informó que continuará con el análisis del decreto una vez que se concrete la nueva mesa de trabajo, con el objetivo de evaluar sus implicancias económicas y regulatorias, así como su posible impacto en los derechos de los consumidores.
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