La interpelación iniciado a dos funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), Romel Peña Atao, director del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural (Prider) y Edwin Bustíos Saavedra, director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue observado por un grupo de consejeros al no cumplir con las etapas correspondientes.
Al respecto, el ex consejero regional, Vicente Chaupín señaló que la interpelación de control político, vigente en el Reglamento Interno del Consejo del 2012, frente a los presuntos actos de irregularidades y corrupción y que no necesariamente significa la censura del funcionario interpelado.
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Además, precisó que los pasos para la aprobación de un proceso de interpelación son: la presentación de moción de interpelación con la firma de cinco consejeros como mínimo; que debe ingresar al pleno del Consejo para su admisión; luego la aprobación previo a un debate y aprobación mayoritaria.
Tras aprobarse la interpelación se fija la fecha del pliego interpelatorio, en un plazo de 5 y en caso se no asistir se vuelve a notificar y convocar al siguiente día, en caso de persistir la inasistencia el pleno emite una recomendación el ejecutivo regional censurando o ratificando a dicho funcionario. La interperlación en sí, se desarrolla en una sesión extraordinaria con agenda única.
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“En nuestro período hemos interpelado a dos funcionarios y tenemos conocimiento del proceso que debe seguirse. Como es el caso del ex director de Educación, en ese entonces Leoncio Reyes Benites que renunció antes de la interpelación y el, también ahora, director de Agricultura, Johnny Barrientos Taco, en cuyo caso, tras responder el pliego interpelatorio ganó el voto de confianza y se ratificó en el cargo”, mencionó.
Con respecto a la observación de un grupo de consejeros que mencionan que el Consejo Regional no tiene facultad para interpelar a un funcionario, tras un falló del Tribunal Constitucional comentó que existe jurisprudencia en la región de Ayacucho y en otras regiones en las que se viene aplicando el proceso de interpelación.
“Nosotros hemos interpelado a dos funcionarios, se iba a realizar otro proceso al entonces gerente de Infraestructura, Harol Gálvez Ugarte, pero a dos meses de culminar la gestión se quedó ahí. Ahora que algunos observen porque realmente son afectados, recordemos que la interpelación no solo significa una censura, los funcionarios deben ser conscientes del trabajo que hacen y si no hay nada irregular se puede dar la confianza”, finalizó.
