En Ayacucho, el embarazo adolescente continúa siendo una preocupación de salud pública, con cifras que superan el promedio nacional y que reflejan una problemática vinculada a la falta de educación sexual integral, la violencia sexual y el limitado acceso a servicios de salud reproductiva.
Desde la organización Manuela Ramos, Jeanet Arones explicó que la situación requiere atención inmediata:
“El embarazo en adolescentes es un indicador de que todavía somos un país en vías de desarrollo, con una alta vulnerabilidad para las mujeres”.
De acuerdo con la vocera, el 2023 se registraron en la región 24 casos de niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres producto de violaciones sexuales. En lo que va del presente año ya se han identificado nueve casos.
“Todas estas niñas fueron víctimas de violencia sexual. Estamos hablando de una problemática estructural que se repite en Ayacucho”, añadió.
Las cifras muestran que el 9% de adolescentes en la región han enfrentado un embarazo, porcentaje superior al promedio nacional. Arones advirtió que detrás de estos casos se ocultan relaciones de poder desiguales:
“El 79% de las parejas de las madres adolescentes son hombres de entre 20 y 35 años. Muchas veces no se ejerce violencia directa, pero sí chantaje y engaño. Una menor de 14 años no está en capacidad de decidir”.
La especialista destacó que la educación sexual integral es clave para revertir esta realidad.
Brindar información oportuna, clara y científica permite que adolescentes tomen decisiones responsables sobre su sexualidad. Apostemos por una educación de calidad que se garantice desde el sector educativo”, enfatizó.
Además, sostuvo que los servicios de salud deben asumir un rol más activo en la prevención:
“Se necesita acceso a métodos anticonceptivos y profesionales de salud capacitados para atender a adolescentes libres de prejuicios. La información nos da poder y permite vivir una sexualidad responsable y saludable”.
Finalmente, Arones subrayó la urgencia de un compromiso estatal:
“Queremos niñas jugando, no siendo madres. Si el Estado no garantiza educación sexual integral y servicios de salud adecuados, estas cifras alarmantes seguirán repitiéndose”.
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