El primero caso data de octubre 2019, donde pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara rechazan la presencia de la actividad minera en su territorio y en las cabeceras de cuenca, las mismas que vendrían generando impactos y contaminación al medio ambiente y a la actividad agrícola.
Otro conflicto sigue vigente desde el año 2017 y se dio en Chiquintirca (distrito de Anco) pues las autoridades locales iniciaron un paro indefinido demandando la revisión del contrato del gaseoducto entre el gobierno nacional y la comunidad.
Además, de la indemnización por los terrenos afectados en la construcción del gaseoducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú SA y por el funcionamiento de un helipuerto que habría originado fuerte contaminación sonora.
Otro de los pedidos está vinculado a la reubicación de viviendas dentro de los 200 metros del gaseoducto; la masificación del gas en la zona y el cumplimiento de las indemnizaciones por daños ambientales como el derrame suscitado en el 2015.
De otro lado, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la zona sur de Ayacucho (Fredasur) advirtió que el transporte de minerales que desarrolla la empresa Catalina Huanca estaría provocando impactos ambientales negativos, así como afectaciones a las actividades ganaderas y agrícolas.
En este conflicto están involucradas las provincias de Lucanas, Huancasancos, Fajardo y Sucre.
Un cuarto conflicto socioambiental viene registrándose en la comunidad de Vinchos y sus 29 anexos, quienes desde el año 2013 demandan a la empresa Transportadora de Gas del Perú la renegociación del contrato de servidumbre, el cual se encuentra en proceso judicial, así como el resarcimiento por el daño causado al territorio comunal por la construcción del gaseoducto.
De igual modo, desde el 2012 el Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (FREDCOM) demanda a las empresas Transportadora de Gas del Perú S.A. y Perú LNG SRL, la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades. Cabe señalar que este conflicto también se dio en Vinchos.
MÁS CONFLICTOS
La Defensoría también informó de otro conflicto que data del año 2012, pues los pobladores de la comunidad de Taca – Fajardo solicitan a la Sociedad Minera Catalina Huanca, la renegociación del contrato de servidumbre celebrado el 14 de mayo de 2007 debido al quebrantamiento de algunos acuerdos.
Es preciso señalar que, de los siete conflictos que registra en toda la región, seis son socioambientales. Solo uno está referido a un problema comunal.
Se trata de la localidad de Santa Rosa de Huancapuquio (Vilcashuamán) cuyas familias denuncian la intención de desalojo por parte de comuneros de Pomacocha y anexos por la disputa de un área ocupada por los pobladores de Huancapuquio. Se sabe que ambas comunidades aseguran tener documentos que avalan la propiedad de terreno.
