El defensor del Pueblo respondió con firmeza a los cuestionamientos lanzados por sectores de la población y voceros de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos (Asfah), quienes lo increparon durante su visita a Ayacucho por, presuntamente, no haber actuado en defensa de las víctimas del 15 de diciembre de 2022. La autoridad rechazó las acusaciones y reafirmó que la Defensoría estuvo presente desde el inicio de su gestión.
“Ni bien asumí, en esa misma semana estuve acá, estuve con todas las víctimas”, afirmó.
Según dijo, la institución logró evitar que los expedientes relacionados con las muertes en las protestas fueran trasladados a Lima por decisión de la entonces fiscal de la Nación.
“Le pedí que retroceda cuando quiso llevarse todos los expedientes. Eso fue un logro de la Defensoría”, sostuvo.
El defensor también cuestionó la legitimidad de algunos de los que lo interpelaron públicamente.
“Estos señores no son los familiares de las víctimas. Yo me he reunido con las verdaderas asociaciones hasta en tres ocasiones: dos veces en Lima y una acá. No ser grato no significa que no hayamos trabajado”, declaró.
Desde la Asfah, varios familiares han denunciado reiteradamente una falta de seguimiento real a sus demandas. A esto, el defensor respondió que el rol de su institución no es investigar delitos, sino garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
“Nosotros no investigamos. Eso lo hace la Fiscalía. La Defensoría acompaña, garantiza que se respeten los derechos de las víctimas, pero no hace pesquisas ni diligencias”, aclaró.
Sobre la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios, afirmó que el proceso está en curso y bajo competencia del Ministerio Público.
“Ya es una denuncia en materia de derechos humanos. Tiene su camino. Nosotros no intervenimos porque sería una interferencia. Pero sí asumimos la defensa desde el plano de los derechos fundamentales”, dijo.
En ese sentido, rechazó cualquier insinuación de encubrimiento por parte de la Fiscalía.
“Nadie va a decir que nuestra fiscal de la Nación, Delia Espinoza, o antes el doctor Campana o el doctor Pablo Sánchez, estén coludidos con la señora Boluarte. Todo lo contrario: se han creado fiscalías especializadas donde antes había solo una persona. Hoy hay equipos trabajando”, aseguró.
El defensor también se refirió a otros retos institucionales, como la desarticulación entre Policía y Ministerio Público frente al terrorismo.
“Hay un divorcio institucional. Por un lado trabaja la Policía, por otro el Ministerio Público. Y deberían actuar como uno solo”, advirtió. Además, criticó la decisión de unir las fiscalías antiterrorismo con las de corrupción: “Ahí hay un problema muy grande”.
Sobre el trabajo con los Comités de Autodefensa del Vraem, confirmó que la Defensoría ha participado en reuniones junto a representantes del Estado y los propios comités, principalmente para discutir el uso y control del armamento.
“El manejo de armas como los Mauser o armas hechizas está bajo control del Ejército en zonas de emergencia. Hay verificaciones, mantenimiento, regulaciones. Pero en zonas de derecho, el responsable es el Ministerio del Interior”, explicó.
Anunció que la institución promueve una fórmula legal para regular esta situación fuera de las zonas de emergencia, donde la falta de normativa crea un vacío.
“Esa propuesta se discutirá la próxima semana y debe ser regulada por el Ministerio del Interior”, añadió.
A pesar del clima de tensión, el defensor mencionó que seguirá dialogando con las víctimas.
“Soy una persona muy tolerante. Entiendo que hay dolor y momentos de incomprensión. Pero voy a conversar con ellos. Siempre hemos estado del lado de los derechos humanos”, concluyó.
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