Así lo dispuso la fiscal provincial Karen Obregón Ubaldo, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y en Delitos de Terrorismo de Ayacucho.
Como se recuerda, esta demanda se dio por iniciativa de los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba que no solo acusan a la jefa de Estado, sino también a quien fue presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y a los ministros Alberto Otarola (Defensa) y César Cervantes (Interior).
Asimismo, están comprendidos altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo; y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza; además, del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
Con esta acusación fiscal se abrió investigación preliminar por 60 días contra Antero Mejía y Jesús Vera Ipenza, y los que resulten responsables por los decesos de manifestantes que fallecieron durante la protesta del 15 de diciembre contra el gobierno de Dina Boluarte.
En este plazo se deberán practicar diligencias respectivas como las verificaciones del estado de los heridos en las protestas, la necropsia de los cadáveres de las víctimas, el informe médico legal respectivo y la toma de declaración de los investigados.
