Un grupo de docentes de la I.E. Guamán Poma de Ayala realizó un plantón en exteriores de la institución para denunciar presuntos descuentos arbitrarios en sus remuneraciones. Según señalaron, la oficina de Recursos Humanos aplicó recortes de entre 1 y 19 días sin criterios técnicos ni administrativos claros, usando únicamente el registro del reloj biométrico.
Johny Martínez, delegado del sindicato base PAGPA, explicó que el control biométrico fue impuesto con un horario rígido de ingreso y salida —de 7:50 a. m. a 1:00 p. m. para inicial y primaria, y hasta 1:30 p. m. en secundaria— donde incluso un minuto de retraso es considerado falta.
“Muchos colegas han recibido descuentos que no corresponden. Tenemos evidencias de haber cumplido con nuestras sesiones de clase, pero el control diario no está siendo tomado en cuenta”, afirmó.
El docente advirtió que existe una contradicción en el proceso de control de asistencias. Para aplicar descuentos solo se toma en cuenta la marcación biométrica; sin embargo, para solicitar reembolsos se exige el control de partes diarias, documento que —según denuncian— la dirección no consolida ni remite de manera oportuna.
“No solo no reconocen el control diario para evitar descuentos, sino que lo piden para reembolsar. Esto evidencia un manejo irregular”, arguyó.
De acuerdo con los docentes, alrededor del 70% de los 44 trabajadores, principalmente jefes de práctica, fueron afectados con recortes que alcanzan hasta el 50% de sus salarios mensuales. Aseguran que, de existir faltas reales, la dirección debió aperturar procesos administrativos, lo cual no se ha realizado.
Los maestros afirman haber presentado oficios, acuerdos y pedidos formales para modificar el memorándum que fijó los horarios de marcación y para que se reconozca el control diario como instrumento válido en la evaluación de asistencias. No obstante, aseguran que la dirección no ha mostrado disposición para atender el reclamo.
Ante la falta de respuesta y el incremento de los descuentos en noviembre, los docentes evalúan contratar a un abogado para iniciar una denuncia penal contra el director por presuntas irregularidades en la gestión de asistencias y recortes de haberes.
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