Ocho meses transcurrieron desde la trágica muerte de la joven Jazmín Villarroel Huachaca (20), estudiante del Instituto Tecnológico de Huanta, y el dolor de su familia aún no encuentra consuelo. Lo que comenzó como una pérdida irreparable pronto se transformó en una lucha desgastante contra lo que consideraban indiferencia, lentitud e incluso protección institucional hacia el principal implicado.
El caso sacudió a la opinión pública en Ayacucho, no solo por las circunstancias en las que la joven perdió la vida, sino por los cuestionamientos que surgieron alrededor del accionar de las autoridades. Jazmín, estudiante de Producción Agropecuaria, había fallecido tras ingerir una sustancia tóxica en una chacra, en compañía de su docente y pareja sentimental, Dany Rondinel Crespo (38), cuya relación con la alumna ya constituía una grave falta ética.
Las investigaciones apuntaban a que no se trataba de un hecho aislado. Versiones recogidas durante las diligencias señalaban que el docente habría mantenido vínculos similares con otras estudiantes, lo que agravaba aún más la situación y exponía posibles patrones de abuso de poder dentro del entorno educativo.
Sin embargo, mientras el proceso avanza con lentitud en el Ministerio Público, una decisión administrativa generó indignación: el docente investigado no fue separado definitivamente del sistema, sino reubicado en un cargo administrativo dentro de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA).
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