José Carlos Mallma | El Diario de Polideo
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El monopolio económico y las dictaduras políticas comparten una característica en común, ambos son intolerantes de la libre competencia. Uno rechaza la competencia en el mercado; el otro, la competencia por el poder político. En ambos casos, el objetivo es el mismo: excluir a quienes puedan disputar una posición dominante y perpetuar una situación de privilegio.
Tanto en la economía como en la política se libra diariamente una lucha por preservar la libre y leal competencia. Frente a la tendencia natural de determinados grupos a concentrar poder económico o político, corresponde al Estado constitucional establecer mecanismos que garanticen el principio de libre concurrencia y eviten que unos pocos decidan por todos.
En el ámbito económico, un monopolio no se explica únicamente por la dimensión de una empresa, sino por la existencia de barreras de entrada tan elevadas que impiden o dificultan seriamente el ingreso de nuevos competidores. Dichas barreras pueden tener distintos orígenes. Algunas responden a condiciones naturales del mercado; otras, en cambio, son consecuencia de regulaciones estatales diseñadas para favorecer a determinados agentes económicos, producto de la influencia de grupos de presión o lobbies empresariales. También pueden derivarse del uso estratégico y abusivo del sistema judicial mediante procesos falsos o simulados, práctica conocida en el Derecho de la Competencia como sham litigation, cuyo propósito no es obtener justicia, sino excluir o retrasar el ingreso de competidores.
El efecto siempre es el mismo: la reducción de la competencia. Cuando las barreras de acceso se vuelven infranqueables y desaparecen los productos o servicios sustitutos, el consumidor pierde la libertad de elegir. Sin alternativas competitivas, queda obligado a aceptar las condiciones impuestas por el monopolista.
Esos mecanismos semejantes pueden observarse en los regímenes autoritarios. Las dictaduras también construyen barreras de entrada para impedir la aparición de nuevos competidores políticos. Lo hacen mediante reformas electorales diseñadas para favorecer a quienes detentan el poder, elevando las vallas electorales, modificando las reglas de participación, restringiendo la inscripción de organizaciones políticas o inhabilitando a sus principales adversarios mediante instrumentos legales o administrativos y persiguiendo judicialmente a sus opositores.
Pero la exclusión de nuevos competidores no es suficiente. Del mismo modo que un monopolio procura eliminar los bienes sustitutos, los regímenes autoritarios buscan reducir las alternativas políticas disponibles para los ciudadanos. Cuando los partidos concentran la selección de candidatos sin mecanismos efectivos de democracia interna, sin elecciones primarias competitivas y con procesos de designación cerrados, el elector termina eligiendo únicamente entre las opciones previamente definidas por las cúpulas partidarias. La libertad de elección se convierte entonces en una ilusión, y el sufragio deja de expresar plenamente la voluntad popular para transformarse, muchas veces, en una decisión basada en el “mal menor”.
Frente a estos escenarios surge una pregunta inevitable: ¿Qué papel cumplen las autoridades encargadas de proteger la competencia y garantizar la transparencia electoral?
La respuesta no siempre es alentadora. Tanto las autoridades de competencia como los organismos electorales están sometidos al principio de legalidad y deben actuar conforme al marco normativo vigente. Sin embargo, cuando quienes ejercen el poder legislativo utilizan su capacidad normativa para diseñar reglas orientadas a consolidar posiciones de poder, puede generarse una apariencia de legalidad que dificulte la actuación de las instituciones llamadas precisamente a preservar la competencia y el pluralismo.
Es allí donde adquieren especial relevancia los principios constitucionales. La Constitución no solo organiza el poder; también establece límites a su ejercicio. La libertad económica, la libertad política, el pluralismo, la igualdad de oportunidades y la separación de poderes constituyen principios superiores que ninguna mayoría circunstancial debería vaciar de contenido mediante simples reformas legales.
Cuando desaparecen los controles de peso y contrapeso entre los poderes del Estado, cuando los órganos de control pierden independencia y cuando la jurisdicción constitucional deja de ejercer con autonomía su función de garantizar la supremacía de la Constitución, el equilibrio institucional comienza a deteriorarse. En esas circunstancias, el riesgo no consiste únicamente en la concentración del poder, sino en la progresiva normalización de esa concentración.
La libre competencia no es un principio exclusivo del Derecho económico. Constituye también un valor esencial de toda democracia constitucional. Tanto el mercado como la política requieren reglas que garanticen la posibilidad real de competir en condiciones de igualdad. Sin competencia económica, los consumidores pierden libertad y el mercado eficiencia. Sin competencia política, los ciudadanos pierden democracia y el Estado su institucionalidad.
Sin embargo, la historia demuestra que la libertad posee una extraordinaria capacidad de resistencia. Puede debilitarse hasta casi extinguirse, pero es una luz que sigue brillando en el corazón y la mente de los pueblos que luchan por esperanza y dignidad.
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