Un violento enfrentamiento entre pobladores de las comunidades de Villa Virgen de Lourdes de Colta y Pomacocha, ocurrido la mañana del último lunes en la zona colindante al centro minero Luicho, en la provincia de Páucar del Sara Sara, ha dejado como saldo varios heridos, disparos reportados y cuantiosos daños materiales, entre ellos una camioneta y un camión arrojados a un barranco.
El conflicto, de carácter estrictamente territorial y comunal, se desató en un contexto de tensiones persistentes entre ambas comunidades, aunque sectores locales señalan contradicciones respecto a los motivos que originaron este lamentable incidente, insinuando una posible relación con la actividad minera en la zona.
Días antes de lo acontecido, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, junto con la Oficina de Conflictos Sociales del Gobierno Regional, intentó establecer una mesa de diálogo entre representantes del Consorcio Minero Santiago 3 S.A.C. y de la Asociación de Mineros Artesanales de Luicho (Asmil). Sin embargo, la reunión no logró ningún acuerdo y, por el contrario, el escenario se tornó más tenso.
A través de un comunicado Asmil informó que la empresa minera Santiago 3 S.A.C. desplegó personal de seguridad armado en apoyo a las familias de Pomacocha, lo que habría agravado el conflicto, toda vez que varios de sus trabajadores resultaron heridos.
La asociación afirmó que este accionar sobrepasa cualquier función vinculada a la seguridad minera y representa un serio riesgo para la paz social en Páucar del Sara Sara.
Los enfrentamientos incluyeron el uso de armas de fuego y objetos contundentes, provocando heridos y un ambiente de caos. La tensión se mantiene elevada, y los daños materiales son significativos, incluyendo la destrucción de vehículos como símbolo del rechazo a la presencia minera, según denunciaron fuentes a Jornada.
Asmil negó haber participado en los enfrentamientos y pidió la intervención urgente de las autoridades competentes —entre ellas el Gobierno Regional de Ayacucho, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas— para detener la violencia, restablecer el orden público y garantizar los derechos fundamentales de la población.
Mientras tanto, las posturas divididas entre las comunidades de Colta y Pomacocha mantienen latente la posibilidad de nuevos estallidos de violencia. La situación en dicha provincia continúa siendo de alta preocupación.
Se reportaron la quema de maquinarias que pertenecerían a la empresa minera. A la vez se quemaron casas de los trabajadores.
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