La presidente de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 (Asfah), Yobana Mendoza, exigió que la destituida mandataria Dina Boluarte sea encarcelada y que ninguna embajada extranjera le conceda asilo, tras la vacancia presidencial aprobada por el Congreso en la madrugada del 10 de octubre.
Desde la ciudad de Ayacucho, Mendoza sostuvo que “lo que le espera a la señora Dina Boluarte es la cárcel” y pidió a las representaciones diplomáticas extranjeras no otorgarle protección.
“Pedimos a las embajadas que no la asilen, porque asilar es proteger a un perseguido político, y a esta señora no la persigue la política, la persiguen sus condenas por las muertes que ha ocasionado”, declaró.
La dirigente recordó los hechos del 15 de diciembre de 2022, cuando murieron 10 personas tras la represión de las fuerzas del orden, y señaló que las familias continúan exigiendo justicia por las víctimas.
“Tantos heridos, tantos huérfanos, tantas viudas y sobrevivientes siguen esperando justicia. A esta señora Dina Boluarte lo que le espera es la cárcel”, reiteró Mendoza al invocar memoria y reparación para los afectados.
Asimismo, la representante del Asfah criticó la presencia de figuras políticas en la región y aseguró que la población no permitirá que vuelvan a ganar espacio quienes según dijo:
“tanto daño le han hecho al país”. “Ayacucho tiene memoria, no va a perdonar lo que hemos vivido el 15 de diciembre. No nos vamos a dejar engañar por quienes ahora vienen disfrazados”, enfatizó durante su pronunciamiento.
En tanto, familiares de las víctimas de diversas regiones donde se registraron fallecidos durante las protestas —entre ellas Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac— realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia, en Lima, hasta donde se desplazaron para expresar su malestar por la crisis política y exigir la captura inmediata de Dina Boluarte.
“Esto recién inicia”, manifestó Mendoza, al señalar que las acciones continuarán hasta que la exmandataria sea puesta a disposición de la justicia. Los familiares anunciaron que mantendrán su presencia en Lima y en las regiones para insistir en sus demandas de sanción a los responsables de las muertes en las protestas.
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