Además, todos señalaron que la represión a la manifestaciones fueron sumamente violentas por parte del Ejército con empleo de armas de guerra a discreción, disparando a matar, lo que refleja la muerte violenta de las víctimas y la gran cantidad de heridos.
Los familiares de las víctimas también advirtieron su desconfianza frente a las investigaciones preliminares, pues dado el contexto político imperante, temen que no existe garantías para tener un proceso judicial imparcial, por ese motivo han solicitado que la CIDH controle periódicamente las investigaciones.
De otro lado, denunciaron los constantes actos de desinformación y campañas mediáticas contra las victimas acusándolas de ser parte de grupos terroristas y vándalos.
“Está situación genera un gran daño a la dignidad de las víctimas y del pueblo movilizado”, mencionó uno de ellos.
Han solicitado también que el Estado atienda con diligencia a los heridos graves, pues muchos de ellos fueron alcanzados por proyectiles y se encuentran en estado crítico, otros no cuentan con los recursos para afrontar su recuperación.
Estos hechos se presentan a más de 10 días de lo sucedido el pasado 15 de diciembre donde se sigue presentando enfrentamientos contra el gobierno de Dina Boluarte.
