Además, tras reiteradas oportunidades fue suspendido el funcionamiento del local pero aún ello los dueños reinciden en la reapertura.
Asimismo, frente a lo ocurrido la Defensoría del Pueblo se pronunció mencionando que las actas policiales y municipales deben ser redactadas detallando la consumación del delito de desobediencia a la autoridad cometido por los administrados.
Esta acción fue porque la municipalidad clausuró el local cuando se incumplía las normas por la cuarentena de covid-19. Incumpliendo así en respetar una ordenanza municipal cuya acción irregular acarrea una responsabilidad penal.
