El alcalde de la Municipalidad distrital de San José de Ticllas, Tito López Mantilla podría ser pasible a una denuncia penal, por incumplir la Ley de Idoneidad, que tiene por objeto establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función.
OBSERVACIONES. De acuerdo a la información a la que accedió Jornada, la autoridad distrital, designó a Carlos Orlando Apari Orellana, como gerente municipal, pese a no cumplir con el perfil profesional para el referido cargo.
Según información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Apari Orellana tiene grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales, de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, emitida en abril del 2023.
Otra de las designaciones irregulares, es la designación de Santiago Meyer Rivera como Asesor, quien tampoco cumple con el perfil para el cargo.
Meyer Rivera tiene estudios universitarios no concluidos en contabilidad, en la Universidad Peruana los Andes y estudio técnico concluido en el Instituto Superior Víctor Álvarez Huapaya y estudios no concluidos en Ingeniería Civil, en la Universidad los Ángeles de Chimbote.
Además, el actual asesor, Santiago Mayer tiene una inhabilitación para contratar con el Estado, por una sanción vigente emitida por el Poder Judicial.
Sin embargo, pese a ello, Meyer Rivera contrató, con la Municipalidad distrital de San José de Ticclas, este año, por un monto de 3 mil soles.
Cabe mencionar, que este caso fue denunciado ante la Contraloría General de la República, para las investigaciones del caso.
El diario Jornada, intentó comunicarse con el alcalde distrital, Tito López Mantilla, sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta, hasta el cierre de esta información.
De acuerdo a la ley de idoneidad, el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
