El penal de Yanamilla enfrenta una situación crítica debido al hacinamiento extremo, reflejo de un problema estructural en el sistema penitenciario peruano. Actualmente, el establecimiento alberga a más del doble de su capacidad, una realidad que afecta tanto a los internos como a los esfuerzos por implementar programas efectivos de rehabilitación y reinserción social.
Según cifras oficiales, el sistema penitenciario nacional tiene capacidad para 42 000 internos, pero en la práctica alberga a más de 98 000, lo que representa una sobrepoblación del 133 %. Esta situación no solo genera condiciones de vida precarias, sino que también limita la capacidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para brindar un tratamiento adecuado a las personas privadas de libertad.
“Estamos declarados en emergencia por dos años debido al hacinamiento. Esto dificulta no solo la vida cotidiana de los internos, sino también el desarrollo de programas de capacitación y rehabilitación,” manifestó Manuel Cornejo, director del penal de Yanamilla.
El impacto de esta crisis no se limita a los reclusos. Muchas familias dependen económicamente de los trabajos que sus parientes privados de libertad logran realizar dentro de los penales. Sin embargo, la falta de espacios adecuados y de recursos para promover su comercialización agrava aún más la situación.
