Durante el debate organizado por la Asamblea de Diálogo para el Desarrollo de la Región Ayacucho, el candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, presentó una agenda centrada en una “revolución educativa”, descentralización del Estado e impulso a la industrialización. No obstante, especialistas advierten que varias de sus propuestas enfrentan limitaciones técnicas, legales y financieras.
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En materia educativa, el candidato planteó aplicar metodologías de “superaprendizaje”, como la sugestopedia, y promover que los estudiantes dominen tres idiomas. Expertos señalan que el sistema educativo peruano enfrenta principalmente brechas estructurales, como la falta de infraestructura y el déficit de docentes capacitados.
Caller también propuso descentralizar universidades públicas de Lima, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sin embargo, la Ley Universitaria del Perú establece la autonomía universitaria y exige procesos de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para abrir nuevas sedes.
En el ámbito económico, el plan del candidato propone elevar el peso del sector industrial por encima del 20 % del PBI al 2031 y destinar el 2 % del presupuesto nacional a créditos para MYPE a través del Banco de la Nación del Perú. Economistas advierten que ofrecer tasas menores al 5 % implicaría subsidios estatales significativos.
También planteó trasladar cinco ministerios fuera de Lima como parte de un proceso de descentralización. Sin embargo, especialistas en gestión pública consideran que esta medida podría resultar costosa y poco eficiente, frente a estrategias actuales basadas en digitalización y fortalecimiento de gobiernos regionales.
Las propuestas de Caller buscan responder a problemas estructurales del país, como el centralismo, la baja calidad educativa y la necesidad de mayor industrialización. No obstante, analistas sostienen que varias de ellas requieren mayor sustento técnico y claridad en su financiamiento dentro del marco institucional vigente.
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