Un error administrativo puede convertirse en una carga silenciosa que vulnera derechos fundamentales. Ese fue el caso de un joven de 18 años que, durante varios años, figuró en su DNI con sexo femenino debido a una equivocación en el registro, situación que le generó un grave daño moral y múltiples dificultades para acceder a trámites básicos en el ámbito público y privado.
El caso fue advertido e intervenido por la Defensoría del Pueblo, tras conocerse que el joven —hijo de una persona privada de la libertad y de escasos recursos económicos— había sido inscrito erróneamente como de género femenino.
Esta situación afecta directamente su derecho a la identidad, provocándole constantes observaciones, demoras y obstáculos cada vez que debía realizar gestiones personales, educativas o administrativas.
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Según relataron sus familiares, años atrás acudieron a la oficina del RENIEC en el distrito de Pichari, donde se les habría indicado que el error se originó en la Municipalidad Distrital de Jesús María, en Lima, por lo que debían trasladarse hasta la capital para efectuar la rectificación.
Sin embargo, esta exigencia resultaba inviable debido a sus limitadas condiciones económicas, lo que prolongó el problema durante años.
Como parte de su intervención, la sede defensorial acompañó al joven en el inicio de las gestiones para la rectificación de sus datos en la oficina del RENIEC en Pichari.
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