contra activistas ambientales y de la tierra sucedieron en Nuestra América: 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta, de un total de 227 ataques letales a nivel mundial. Y Colombia sigue siendo el país del mundo con las mayores cifras de asesinatos de activistas ambientales.
Los patrones que se repiten en la criminalización del derecho a la protesta están íntimamente vinculados con los instrumentos empleados al efecto. Al analizar los instrumentos concretos utilizados para criminalizar la protesta, es importante analizar la relación existente entre la secuencia señalamiento, represión, eliminación y los mecanismos de estigmatización, judicialización y violencia.
El señalamiento, en primera instancia, opera fundamentalmente a través de toda una serie de instrumentos vinculados a la estigmatización del enemigo. Pero no se limita exclusivamente a la demonización mediática vía medios de comunicación en masa y tribunas políticas, sino que amplía sus posibilidades de criminalización utilizando la presión judicial como una forma de señalar al adversario. La represión, en segundo término, entra en funcionamiento como la etapa inmediatamente posterior al señalamiento. Una vez localizado el factor discordante y responsable de los futuros desórdenes públicos, se le reprime por todas las vías posibles centralizadas en el marco estatal.
Por ejemplo, la estigmatización, sin ir más lejos con las labores de inteligencia y espionaje pilotadas desde las cloacas del Estado. Con la judicialización, ya sea a través de las sanciones administrativas y la “burorrepresión” (represión de baja intensidad) o bien a través de una batería de tipos penales renovados y actualizados para perseguir cada vez más formas de acción colectiva, lo que podría llamarse represión de alta intensidad. Y llegado el caso, con el monopolio legal de la violencia, ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de los mandatos del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
En tercer lugar, y habitualmente después de haber completado los dos patrones anteriores, puede llegar a darse el uso de la violencia sobre las personas que ejercen el derecho a la protesta. Ya sea con participación de la fuerza pública, en la comisión de abusos, torturas, desapariciones y asesinatos; ya con la concurrencia de actores armados al margen de la ley, operando como sicarios, seguridad privada o milicias paramilitares, el caso es que las amenazas a los activistas sociales y líderes ambientales lamentablemente se han vuelto moneda de uso corriente.
Algunos instrumentos, que se utiliza para criminalizar la protesta, es la creación del miedo al otro para justificar medidas de seguridad de fuerte control social. Una preocupación que la clase político-empresarial y las instituciones que nos gobiernan utilizan para legitimar medidas securitarias y criminalizadoras. Las élites políticas y económicas configuran un enemigo social mediante el señalamiento de aquellos colectivos e individuos que pueden suponer la desestabilización de las lógicas de reproducción del capital. Especialmente con la población empobrecida, migrante y de quienes “alteran” la normalidad del sistema.
La construcción del enemigo se basa, en gran medida, en generar alarma mediática por la amenaza que supuestamente representan estos individuos y colectivos. Y para hacerle frente, se presentan medidas securitarias y de exclusión que “instrumentalizan el descontento de las víctimas”. Junto a ello, quienes impulsan movilizaciones y denuncias para reivindicar políticas sociales y ambientales, en la medida en que resultan incómodos para asegurar la rentabilidad de las lógicas financieras y de producción y consumo, son separados de la ciudadanía “de bien” para pasar a formar parte de los radicales, okupas y antisistemas que, según el discurso estigmatizador, quieren dañar la convivencia.
Desacreditar a las personas críticas, incluso menospreciando cualidades personales, se ha configurado como una práctica sistemática en Europa y Nuestra América. Las campañas mediáticas de difamación vienen precedidas, en muchos casos, de la vigilancia y el espionaje ilegal. La obtención de información para la criminalización forma parte de los métodos de inteligencia utilizados habitualmente por el Estado, y contempla medidas como la presencia de policías encubiertos en las protestas o de agentes infiltrados en los colectivos sociales que participan en campañas, reivindicaciones y acciones directas de denuncia. Finalmente las consecuencias de estas medidas se relacionan directamente con la vulneración del derecho a la libertad de reunión y a la libertad de asociación. En este sentido, el conocimiento del uso masivo del sistema de espionaje telefónico israelí Pegasus por parte de los gobiernos ha generado un fuerte debate público.
