La narrativa de fraude electoral promovida por el candidato Rafael López Aliaga fue rechazada por organismos nacionales e internacionales, que coinciden en que no existen pruebas que sustenten dicha acusación.
La misión de la Unión Europea, que desplegó más de 150 observadores, concluyó que el proceso electoral fue transparente, pese a dificultades logísticas como retrasos en la instalación de mesas y problemas en algunos locales de votación. Estas incidencias fueron atendidas con la ampliación de la jornada electoral.
En la misma línea, la Organización de Estados Americanos avaló la integridad del proceso, señalando que hubo irregularidades, pero no fraude organizado.
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A nivel nacional, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que no existen condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude. Especialistas en derecho electoral indicaron que los problemas registrados corresponden a fallas de gestión y no deslegitiman la elección.
Asimismo, el Jurado Electoral Especial rechazó pedidos de nulidad por no cumplir requisitos legales, al carecer de sustento y detalles específicos sobre las supuestas irregularidades.
Pese a este consenso, López Aliaga mantiene sus denuncias sin presentar pruebas verificables, incluso promoviendo acciones políticas y llamados a anular el proceso.
El escenario evidencia que, aunque existieron dificultades en la organización electoral, estas no configuran un fraude, según coinciden instituciones y observadores.
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