En el congreso, las organizaciones criminales que lo controlan, no pierden la oportunidad para dar motivos para que el rechazo de la población hacia ellos se incremente.
A los ataques contra la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación, ahora le toca el turno al poder judicial. Un proyecto de ley, presentado por el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, propone que en el congreso funcione una comisión permanente para la fiscalización de la labor que cumplen los jueces y fiscales.
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Por supuesto que este congreso, que no tiene ni el 5 % de aprobación, se siente escandalizado porque, de acuerdo a las encuestas, sólo el 15 % de los ciudadanos encuestados confía en el poder judicial, al que consideran corrupto, al igual que a la fiscalía.
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De aprobarse la iniciativa presentada por el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, las sentencias de los jueces podrían ser revisadas por los congresistas, violentando la libertad de los jueces para dictar las sentencias de acuerdo a los códigos existentes.
Por supuesto, que los congresistas no podrían alterar las sentencias, pero los jueces pensarían dos veces antes de emitir una, ya que esta podría ser utilizada para una sanción contra el juez y el fiscal, si afecta los intereses, de algún congresista o de un partido político.
Lo que llama la atención, es que, para presentar el proyecto de ley, se basó en una encuesta de opinión, en la misma donde el congreso aparece como la institución más repudiada por la ciudadanía, porque la considera como la más corrupta de la historia de la república.
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Hipócritamente, en el texto del congresista Cerrón, se lee, que “A través de la supervisión se puede detectar y prevenir oportunamente los actos de corrupción, como sobornos o tráfico de influencias. Del mismo modo, la fiscalización de jueces y fiscales permite monitorear y evaluar su desempeño, lo que aumenta la confianza en el sistema judicial”.
¿Tienen autoridad ética los congresistas para detectar y prevenir actos de corrupción? Sabemos que más de 70 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas, por los delitos de corrupción en los que están implicados, algunos desde antes de ser congresistas, y otros los han cometido mientras ejercían su función congresal.
Desde JORNADA, consideramos que este proyecto de ley, es una clara intromisión de los partidos políticos para evitar ser investigados y sentenciados, lo que trasgrede la independencia de Jueces y fiscales.
