Ayacucho enfrenta un alto riesgo estructural ante la intensificación de la temporada de lluvias. La región se ubica entre las diez con mayor número de viviendas informales, mientras que cerca de 50 mil estudiantes se encuentran expuestos debido al deterioro de la infraestructura educativa pública.
De acuerdo con el SENAMHI, las precipitaciones en la sierra centro y sur del país continuarán con una intensidad de moderada a fuerte. En este escenario, Ayacucho registra el mayor número de distritos en estado de emergencia, con 38 jurisdicciones catalogadas con riesgo muy alto de desastre, lo que expone a 23,159 personas a posibles inundaciones. Los efectos ya se evidencian en daños significativos en la red vial.
Entre enero y noviembre de 2025, Ayacucho fue la cuarta región con más emergencias viales a nivel nacional, con 128 eventos ocasionados por lluvias, huaicos y derrumbes, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Estas emergencias afectaron la conectividad, las actividades cotidianas y el turismo. Un caso crítico ocurrió el 13 de enero, cuando las lluvias provocaron el colapso del puente Ccaccella, dejando incomunicadas a varias comunidades rurales del distrito de Sancos.
La situación se agrava por la fragilidad de la infraestructura habitacional. Al 2024, el 72.1% de las viviendas en Ayacucho eran informales, cifra superior al promedio nacional (60.5 %), lo que equivale a más de 56 mil viviendas ubicadas en zonas no habilitadas o sin título de propiedad. Solo el 3.9 % de estas construcciones contó con asistencia técnica profesional. Como resultado, más del 53 % presenta techos precarios y el 55 % muros de adobe o quincha. Además, Ayacucho registra el mayor porcentaje del país de pisos en mal estado (36.4 %).
La precariedad también alcanza a la infraestructura vial. Según el MTC, al cierre de 2024, 9,054 kilómetros de carreteras —equivalentes al 72.1% de la red vial regional— se encontraban en condiciones inadecuadas. Esta situación se repite en la red vial departamental, donde el 72 % de las vías requiere mantenimiento.
En el sector educación, el riesgo es igualmente crítico. Datos del MINEDU indican que, al cierre de 2024, 6 de cada 10 colegios públicos en la región se encontraban en muy alto riesgo de colapso, comprometiendo la seguridad de cerca de 50 mil estudiantes. En total, 1,697 locales educativos deberían ser demolidos y reconstruidos.
Especialistas coinciden en que cerrar estas brechas requiere una estrategia integral de infraestructura, que incluya el control de la expansión informal, el fortalecimiento de políticas de vivienda social, una mejor planificación urbana y el mantenimiento permanente de la red vial. En educación, se plantea acelerar la inversión en infraestructura mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI), a fin de garantizar espacios seguros frente a eventos climáticos extremos.
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