Señalaron que las autoridades nacionales emplearon términos estigmatizantes de “terroristas” generando no solo un descontento social sino una mala imagen hacia la región de Ayacucho que años atrás vivió situaciones de violencia sociopolítica y que descontextualiza la actual condición de los manifestantes.
El comunicado reitera que la represión por parte del Estado Peruano ha vulnerado el cumplimiento del Artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el Artículo 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que acredita las protestas pacíficas sin el uso de armas, lo cual no se ha respetado por las autoridades políticas, policiales y militares.
A través de ese comunicado las organizaciones pertenecientes a este espacio de concertación y diálogo, exigieron la renuncia inmediata de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por su incapacidad de gobierno y por las violentas muertes a consecuencias de los enfrentamientos contra los policías y militares.
Asimismo, que se la habilite prontas elecciones e inicie con los procesos jurídicos, sociales y políticos para elaborar un pacto social con el fin de una nueva constitución que beneficie a la población en general que contribuye con el bienestar social y garantice respeto y vigencia de los derechos humanos y ciudadanos.
