La entidad indicó que para ello es necesario fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernamental para prevenir y sancionar toda forma de violencia.
“Es importante dar prioridad a los niños que viven en pobreza extrema, en las zonas rurales más alejadas, los que presentan alguna discapacidad, entre otros. También es necesario trabajar con las familias para prevenir situaciones de violencia, pues la mayoría de agresores son miembros de la familia o personas conocidas”, dice el pronunciamiento.
La Defensoría, además, consideró el embarazo de una adolescente menor de 14 años legalmente como una violación sexual, también porque representa un alto riesgo para su vida, salud física y mental.
Asimismo, la institución ha pedido de forma reiterativa la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) para todas las edades y desde la educación básica, lo que contribuirá a prevenir la violencia hacia este sector de la población.
Todo ello se da en un contexto nacional donde las cifras de violencia sexual y embarazo adolescente son históricamente altas.
