Un nuevo caso de presunta negligencia sanitaria ha generado alarma en la región Ayacucho, tras la inmovilización de varios lotes de bolsas con carne de alpaca destinadas al consumo escolar.
Al menos 25 bolsas de charqui de alpaca, distribuidas como parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria en el colegio Mariscal Cáceres, presentaban signos visibles de descomposición, como hongos y manchas oscuras.
El producto, comercializado bajo el nombre “Misky Charki”, iba a ser servido a más de mil estudiantes del nivel primario. La alerta fue dada por padres de familia y personal de cocina, quienes detectaron los indicios de contaminación durante la preparación de los alimentos y notificaron a las autoridades.
Ante la gravedad del caso, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huamanga, a cargo de la fiscal Carmen Rosa Portugal Vivanco, se constituyó en la institución educativa. Durante la inspección se confirmó la presencia de «elementos extraños» en las bolsas de carne. Como medida inmediata, se ordenó la inmovilización y el retiro del producto en todos los colegios de la región.
“Se ha dispuesto el retiro inmediato de las bolsas de carne de alpaca de esta institución y de los 322 centros educativos que recibieron el mismo lote. Es una medida preventiva mientras se investiga el origen de la contaminación”, informó un vocero.
En total, fueron incautadas 65 bolsas del producto. La situación fue comunicada al Ministerio Público, y la Fiscalía Penal de Turno asumirá la investigación correspondiente para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas, tanto del consorcio proveedor como de los encargados del manejo y supervisión del programa alimentario.
Según se conoció, no sería la primera vez que se detectan irregularidades: en al menos cuatro ocasiones anteriores se habrían distribuido alimentos en condiciones similares.
La denuncia fue presentada inicialmente por un padre de familia ante la Subprefectura de Ayacucho, encabezada por Owell García. La rápida intervención de la Fiscalía, en coordinación con especialistas del programa alimentario, permitió contener la posible distribución del alimento contaminado a miles de escolares en la región.
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